En los últimos Encuentros de Salamanca que organiza la Fundación Sistema en la deslumbrante ciudad castellana escuché al Profesor Vicenç Navarro explicar que, según algunos estudios, tomando determinadas líneas de metro en Londres se puede vivir la espectral experiencia de ir descendiendo un año en la escala de esperanza de vida al nacer por cada estación en que nos detenemos. Esa experiencia, espectral o no, se puede sufrir también en Madrid tomando, por ejemplo, la línea 1 del metropolitano: según otro reciente estudio realizado por el Instituto municipal de Salud Pública de esta ciudad si subimos en la estación de Ríos Rosas y avanzamos hacia el final de la línea en Congosto, cuando descendamos del tren en ésta estación vallecana y salgamos a la calle nos encontraremos con personas que, por haber nacido y por vivir en ese lugar, ya arrastran un lastre que se puede traducir en una esperanza de 4 años menos de vida que las personas con las que nos habíamos cruzado en la céntrica calle de la que partimos.
En mi experiencia esta manera de expresar las desigualdades en salud comunes entre grupos de población que cohabitan en un mismo núcleo urbano suele causar consternación en el auditorio. Esta es aún mayor cuando se explica a continuación que el trazado de esa línea de metro que hemos usado como ejemplo va señalando también, y no por casualidad, una ruta en la que cada vez que el tren se detiene en una estación las personas que suben al vagón poseen unos cuantos cientos de euros menos de renta disponible que los que subieron en la estación anterior. Así, entre las estaciones de Ríos Rosas y Congosto, y para continuar con el mismo ejemplo, el viaje significa descender este indicador de riqueza en algo más de 9.000 euros al año (esto es, que el barrio céntrico posee una renta mayor del doble que el periférico). Si de esta forma somos capaces de transmitir la evidencia de que las diferencias en riqueza determinan desigualdad en salud, y la concretamos poniéndole números a la desigualdad más injusta de todas que es la de las personas ante la muerte, sin duda provocaremos, a la vez, estupor e indignación en los oyentes porque nuestros valores sociales no se compadecen bien con experiencias que denotan injusticias de ese calibre.
Pero la investigación y el conocimiento propio nos demuestra que entre nosotros existen esas diferencias y, aún, otras más intolerables. El hecho de vivir en un determinado lugar tan sólo nos advierte sobre la circunstancia de que en cada sitio las personas, con una alta probabilidad, se verán expuestas a lo largo de su vida a riesgos diferentes para su salud que determinarán, finalmente, distintos resultados en términos de supervivencia o de calidad de vida. Riesgos que no sólo serán circunstancias biológicamente adversas (como por ejemplo que exista allí un determinada enfermedad endémica), sino también otros importantísimos peligros para la salud tales como una alta probabilidad de no terminar los estudios básicos, de no poder acceder a un trabajo digno o de no ganar lo suficiente como para poder llevar una vida decorosa.
Pero si los análisis de las diferencias sociales en la salud resultan apasionantes cuando se estudia la forma en que suceden los acontecimientos en diferentes zonas geográficas, no lo son menos cuando es posible estudiar las características concretas e individuales de las personas. Fue el profesor Black quien revolucionó de alguna forma el mundo de la salud pública en el Reino Unido en el año 1980 al abordar esta metodología de análisis de las diferencias en la salud de las personas. Él demostró en un famoso informe que lleva su nombre que si el nivel de mortalidad que afectaba a la clase alta de la sociedad inglesa hubiera sido el mismo que el que atenazaba la vida de los trabajadores manuales entre el año 1972 y 1974 hubieran fallecido en aquél país 74.000 personas menos de las que lo hicieron, entre ellas 10.000 niños. Desde entonces hemos aprendido que la pobreza es, en términos científicos perfectamente cuantificables, un extraordinario predictor de enfermedad y muerte, y que el hecho de vivir en situación de precariedad económica incrementa el riesgo de morir de las personas hasta dos veces más que quienes viven de manera acomodada. Si utilizáramos la misma metodología del aludido informe inglés en España con datos actuales podríamos decir que si la mortalidad de las zonas más pobres fuera la misma que la de las zonas más ricas, podrían evitarse más de 35.000 fallecidos cada año. En otras palabras, cada hora mueren como promedio cuatro personas debido a la desigualdad definida por las diferencias territoriales en nuestro país.
Conviene, no obstante, no olvidar que otras variables socioeconómicas cuya distribución social es muchas veces superponible a la de la riqueza (nivel educativo, ocupación, etc) son capaces de identificar casi tan bien como la renta desigualdades en salud que en realidad están definiendo, en muchos casos, diferentes oportunidades para preservar la salud y no exponerse innecesariamente a situaciones que pueden terminar con ella. En España se conoce desde hace tiempo que el nivel educativo es capaz de explicar con cierta solvencia ciertas desigualdades en salud incluso una vez que somos capaces de eliminar el efecto distorsionador de las diferencias en riqueza material. Después de la edad y el género (las dos variables imposibles de modificar que con más nitidez inciden en la salud de las personas) el nivel de estudios es un importantísimo factor determinante de la salud que posiblemente actúa otorgando a quien lo ostenta la capacidad de modificar hábitos nocivos una vez que aprende e interioriza que existen otros más convenientes. De entre todas las conductas que tienen malas consecuencias para la vida la del sedentarismo es la que con más claridad produce mejoría en la salud de las personas una vez que se modifica adecuadamente por la práctica de ejercicio físico moderado habitual.
La esfera laboral, en España, es uno de los ámbitos donde más claramente se marcan diferencias que afectan a la salud. Se sabe que más de un 10% de todos los cánceres de pulmón tienen como origen el ambiente laboral y que la elevada siniestralidad ligada al trabajo que padecemos afecta con mayor frecuencia y gravedad a los trabajadores inmigrantes. Son ejemplos notables de diferentes oportunidades ante la salud. Es este grupo, el de los inmigrantes, el que con más claridad se ve afectado en este momento por desigualdad en salud en nuestro país. Y dentro de él muy notablemente las mujeres, ya que con gran frecuencia tienen embarazos no deseados que son interrumpidos de manera voluntaria con el consiguiente riesgo que eso comporta. De esta forma las mujeres extranjeras protagonizan más de la mitad de todos los abortos voluntarios que se registran en nuestro país, mostrando especial gravedad la gran cantidad de embarazos en adolescentes que en este grupo se suceden. Es, sin duda, otro ejemplo claro de desigualdades en la salud definidas por diferentes oportunidades: algunas culturales, otras educativas y otras estimuladas por estilos de vida que las alejan, de forma poco adecuada de los servicios de planificación familiar que tienen a su disposición.
La denominada epidemia de nuestro siglo, la del sobrepeso y la obesidad, es también un reflejo fiel de en qué forma inciden las diferentes oportunidades que la vida ofrece a las personas en la salud, y de qué manera se distribuyen las ocasiones para evitar la enfermedad en relación al nivel de renta y al educativo. Se reconoce el hecho de que estas enfermedades son más frecuente en determinados niveles de precariedad. Más de la mitad de los adultos en España, y más de un tercio de los niños, las sufre en estos momentos, siendo mayor el riesgo de padecerlas en las zonas urbanas más deprimidas, entre las clases sociales más bajas y entre los niveles educativos más elementales. La responsabilidad que en este fenómeno tiene una industria alimentaria voraz más preocupada por la cuenta de resultados que por el bienestar de la gente, unido a la extraordinaria eficacia de su instrumento más importante, la publicidad, determina la desigual oportunidad de algunos grupos para recibir mensajes saludables y para poder optar con libertad por otras formas de alimentarse. El hecho de que la comida más sana sea más cara que la comida basura que se oferta masivamente introduce el elemento de que contra este mal lucha mejor el que más recursos tiene. La falta de políticas públicas que corrijan esta avidez nociva de las empresas del sector abona el terreno para que la epidemia siga creciendo. Algo que no resulta esperanzador cuando sabemos que las enfermedades asociadas a este gran problema producen gran pérdida de calidad de vida y que en pocos años y según se ha sabido recientemente, las mismas podrán rebajar en más de cinco la esperanza de vida de quien las padezca.
Poco alentador resulta observar cómo se comportan otros males de nuestra época y cómo se reparten entre los ciudadanos y en función de qué variables. En el reciente estudio de la salud de los ciudadanos madrileños a que se ha aludido se demuestra que uno de cada cinco adultos padece algún problema de salud mental y que, de nuevo, esta circunstancia incide con más severidad en las personas de clase social baja, entre las que el riesgo es dos veces mayor que entre las de la clase más alta. Este problema que rebaja como ningún otro la calidad de vida de quien lo padece y de quienes les cuidan muestra también desigualdad de género, provocando más daño a las mujeres. Al contrario de lo que ocurre con otro importante grupo de problemas actuales, como el derivado de la violencia y los accidentes: afecta también con más intensidad a jóvenes y a personas con niveles de renta más bajos, y en él encontramos en gran medida a los responsables del exceso de mortalidad prematura que sufren los varones en las sociedades modernas.
El panorama que se muestra ante nuestros ojos puede resultar desolador si no somos capaces de enfocarlo con una cierta perspectiva de futuro. Un futuro que debe pasar por la lucha por la equidad en salud, que consiste sobre todo en enfrentarnos a las desigualdades injustas que es posible vencer desde el punto de vista de la intervención sanitaria y social. Intervención que se nutre, ante todo, de políticas públicas decididas. Algunos países avanzan por el buen camino mientras que en otros, como España, las desigualdades de salud y de oportunidades para la misma tienden a aumentar entre los diferentes grupos sociales. Porque a la luz de los conocimientos actuales la falta de políticas equitativas es un factor tan responsable de la desigualdad como la propia pobreza o la ignorancia.
José Manuel Díaz Olalla
PUBLICADO EN LA REVISTA "TEMAS PARA EL DEBATE", Nº 145, DICIEMBRE DE 2006
jueves, 1 de febrero de 2007
viernes, 1 de diciembre de 2006
Desigualdades y calidad de vida
En la actualidad, los debates en torno a la construcción de una sociedad más equitativa se topan, inevitablemente, con la lucha contra las desigualdades sociales que el Estado del Bienestar debería haber resuelto a los cincuenta años de su creación. Entonces, los líderes de los partidos conservador y laborista del Reino Unido, Butler y Gaitskell, llegaron a un acuerdo básico sobre el contenido de los servicios públicos esenciales. Nacía así el “Welfare State”. Era un modelo económico y social que sufrió enseguida numerosas críticas, pero que para muchos autores actuales es el único método posible para luchar contra la desigualdad social. No tanto para lograr una, quizás, utópica igualdad social sino para reducir la desigualdad hasta niveles que permitan mayores cotas de justicia y estabilidad social.
En España durante la década de los años 1985 a 1995, de acuerdo con un interesante estudio de Oliver y Raymond, la tendencia de todos los indicadores de desigualdad reflejaba un evidente proceso de reducción de la misma. Esta situación de debió, en gran medida, al incremento y la redistribución del gasto social. Así, las consecuencias del incremento del gasto relativo en protección por desempleo, pensiones para la vejez, prestaciones por enfermedad e invalidez, sanidad, educación y servicios sociales produjeron el efecto de convergencia de los indicadores que denotan bienestar y calidad de vida entre los ciudadanos.
Convendrá reseñar que la calidad de vida tal y como la define la Organización Mundial de la Salud es aquélla situación caracterizada por una determinada autopercepción del bienestar, la felicidad, y la satisfacción de la persona que le otorga la capacidad de actuar o de funcionar en un momento dado de la vida en relación a sí misma, a los demás y al medio exterior. Al incluir elementos tan importantes como los definidos por el concepto moderno de desarrollo humano (posibilidades de vivir una vida larga y saludable, con acceso a la educación, en condiciones materiales dignas, plena de derechos y sin riesgo de exclusión social) compondríamos un marco muy aproximado al concepto de calidad de vida al que queremos aproximarnos.
En un estudio reciente se demuestra que a principios del siglo XX en España vivían más años las personas que habitaban en zonas con más pluviosidad, menor altitud sobre el nivel del mar y temperaturas más suaves. En la medida en que se fue progresando en condiciones de vida y desarrollo las diferencias en mortalidad por estos factores climáticos fueron disminuyendo: es decir la gente se hizo menos vulnerable al medio exterior. Por ello la gran mortandad de ancianos durante las últimas olas de calor tiene tanto impacto en la opinión pública, ya que se acepta mal la evidencia de que seguimos siendo aún muy frágiles ante las acometidas del medio externo, en especial los mayores y los más débiles. Aunque esas diferencias intolerables han disminuido se han incrementado las desigualdades en mortalidad determinadas por el nivel de renta o la clase social. Desde este punto de vista el ser rico determina más que antes ventajas de supervivencia. Esto tampoco se acepta fácilmente por la gente que cree que estas diferencias son francamente injustas. Afortunadamente tenemos la suerte de disfrutar de un sistema sanitario público que aminora esas diferencias sociales en salud, porque de no existir aquél, éstas serían mucho mayores, pues las diferencias sociales que las provocan lo son.
Hablamos de desigualdades en salud que muchas veces son el resultado de diferentes oportunidades para la salud, y, estas, no siempre definidas por la renta: el nivel educativo, la falta de aprovisionamiento de bienes sociales en determinadas zonas urbanas, el nocivo clima laboral que deben soportar algunos trabajadores, etc, convierten a algunos grupos en más vulnerables ante riesgos para la salud por el hecho de verse incapacitados para optar con libertad por estilos de vida más saludables, eludiendo así, las que se están conformando como nuevas enfermedades de la pobreza, como la obesidad, la enfermedad mental, los embarazos no deseados o, incluso, el cáncer de pulmón. Dicho todo esto con las precauciones que exige la evidencia de que las variables se distribuyen de manera similar en los grupos sociales resultado a veces muy difícil separar el efecto de unas sin sufrir las interferencias de las otras.
No sólo en el ámbito de la salud vivimos esta situación de incremento intolerable de las desigualdades. En el aspecto residencial la especulación urbanística ha excluido de hecho a una parte importante de la ciudadanía incrementando la vulnerabilidad de quienes no pueden convertirse en propietarios de una vivienda, o transformando en focos de segregación social determinadas zonas urbanas donde, los ciudadanos, tienen menos opciones para llevar una vida con ciertos estándares de calidad. El efecto del propio hábitat, una vez obviados otros factores de riesgo social, es en sí mismo un factor de gran relevancia en la determinación de desigualdades en estos casos.
En el futuro, no obstante, la suerte de las personas va a depender más de su acceso a la información y al conocimiento que a otros activos económicos, como la propiedad o la autoridad. Es decir las diferentes oportunidades para poseer conocimiento o información, en relación a lo que ahora denominamos “la brecha digital”, determinarán de manera nítida desigualdad, y no solamente desigualdad económica sino también de calidad de vida y de condiciones de trabajo.
En este contexto general en el que la falta de políticas públicas determina en sí misma, y como un factor causal más, desigualdades entre los ciudadanos ante las oportunidades básicas de llevar una vida en condiciones mínimas de calidad, esta circunstancia objetiva se hace más evidente que en ningún otro ámbito como origen de las diferencias que afectan a los mayores y a las mujeres. En el primer caso porque entre ellos se concentran grandes niveles de pobreza y porque las posibilidades de mejorar socialmente prácticamente no existen a esas edades. Desde la óptica de género, y añadiéndose a los procesos de discriminación bien conocidos que persisten en la actualidad en nuestra sociedad, porque la falta de políticas que comprendan protección social a los más débiles (niños, ancianos, dependientes, discapacitados) restan a las mujeres opciones de llevar una vida social y laboral plena, toda vez que son ellas las que asumen indefectiblemente el rol de cuidadoras de los otros.
Conviene entonces redefinir los conceptos de igualdad y de derechos sociales que consideramos básicos o mínimos en un sentido que haga más énfasis en la generación de oportunidades iguales para todos. De esa manera podremos observar la desigualdad como un fenómeno dinámico y de movilidad social en relación más bien a las oportunidades que cada cual tiene de salir de situaciones de precariedad (paro laboral, baja remuneración, etc). Todo apunta a que el nivel educativo personal es la variable decisiva en la movilidad social. Influye mucho también el nivel educativo familiar, y la precariedad laboral. Así, quienes tienen empleos con salarios bajos tienen mucha más dificultades de salto social, así como los menos cualificados independientemente de su salario o situación laboral.
En el momento actual del estado de Bienestar en el mundo occidental la prioridad absoluta no puede ser otra que la de “nivelar el campo” (Romer, 1999), es decir que todo el mundo tenga los mínimos para poder vivir una vida digna y con estándares de calidad. Debemos avanzar, por tanto, hacia un plan general de igualdad de oportunidades.
Una sociedad con desigualdades que no son injustas es aquélla en la que el hecho de tener riqueza es poco relevante a la hora de poder llevar una vida digna, duradera, saludable y plena de derechos. En ésa utópica sociedad la riqueza solo serviría para conseguir lo superfluo y no lo básico. El Estado que incremente el gasto en protección social y lo distribuya con adecuadas políticas públicas en términos equitativos avanzará hacia esa sociedad de las oportunidades que logre disminuir las desigualdades sociales.
PUBLICADO EN LA REVISTA TEMAS PARA EL DEBATE, Nº 147, DICIEMBRE DE 2006
En España durante la década de los años 1985 a 1995, de acuerdo con un interesante estudio de Oliver y Raymond, la tendencia de todos los indicadores de desigualdad reflejaba un evidente proceso de reducción de la misma. Esta situación de debió, en gran medida, al incremento y la redistribución del gasto social. Así, las consecuencias del incremento del gasto relativo en protección por desempleo, pensiones para la vejez, prestaciones por enfermedad e invalidez, sanidad, educación y servicios sociales produjeron el efecto de convergencia de los indicadores que denotan bienestar y calidad de vida entre los ciudadanos.
Convendrá reseñar que la calidad de vida tal y como la define la Organización Mundial de la Salud es aquélla situación caracterizada por una determinada autopercepción del bienestar, la felicidad, y la satisfacción de la persona que le otorga la capacidad de actuar o de funcionar en un momento dado de la vida en relación a sí misma, a los demás y al medio exterior. Al incluir elementos tan importantes como los definidos por el concepto moderno de desarrollo humano (posibilidades de vivir una vida larga y saludable, con acceso a la educación, en condiciones materiales dignas, plena de derechos y sin riesgo de exclusión social) compondríamos un marco muy aproximado al concepto de calidad de vida al que queremos aproximarnos.
En un estudio reciente se demuestra que a principios del siglo XX en España vivían más años las personas que habitaban en zonas con más pluviosidad, menor altitud sobre el nivel del mar y temperaturas más suaves. En la medida en que se fue progresando en condiciones de vida y desarrollo las diferencias en mortalidad por estos factores climáticos fueron disminuyendo: es decir la gente se hizo menos vulnerable al medio exterior. Por ello la gran mortandad de ancianos durante las últimas olas de calor tiene tanto impacto en la opinión pública, ya que se acepta mal la evidencia de que seguimos siendo aún muy frágiles ante las acometidas del medio externo, en especial los mayores y los más débiles. Aunque esas diferencias intolerables han disminuido se han incrementado las desigualdades en mortalidad determinadas por el nivel de renta o la clase social. Desde este punto de vista el ser rico determina más que antes ventajas de supervivencia. Esto tampoco se acepta fácilmente por la gente que cree que estas diferencias son francamente injustas. Afortunadamente tenemos la suerte de disfrutar de un sistema sanitario público que aminora esas diferencias sociales en salud, porque de no existir aquél, éstas serían mucho mayores, pues las diferencias sociales que las provocan lo son.
Hablamos de desigualdades en salud que muchas veces son el resultado de diferentes oportunidades para la salud, y, estas, no siempre definidas por la renta: el nivel educativo, la falta de aprovisionamiento de bienes sociales en determinadas zonas urbanas, el nocivo clima laboral que deben soportar algunos trabajadores, etc, convierten a algunos grupos en más vulnerables ante riesgos para la salud por el hecho de verse incapacitados para optar con libertad por estilos de vida más saludables, eludiendo así, las que se están conformando como nuevas enfermedades de la pobreza, como la obesidad, la enfermedad mental, los embarazos no deseados o, incluso, el cáncer de pulmón. Dicho todo esto con las precauciones que exige la evidencia de que las variables se distribuyen de manera similar en los grupos sociales resultado a veces muy difícil separar el efecto de unas sin sufrir las interferencias de las otras.
No sólo en el ámbito de la salud vivimos esta situación de incremento intolerable de las desigualdades. En el aspecto residencial la especulación urbanística ha excluido de hecho a una parte importante de la ciudadanía incrementando la vulnerabilidad de quienes no pueden convertirse en propietarios de una vivienda, o transformando en focos de segregación social determinadas zonas urbanas donde, los ciudadanos, tienen menos opciones para llevar una vida con ciertos estándares de calidad. El efecto del propio hábitat, una vez obviados otros factores de riesgo social, es en sí mismo un factor de gran relevancia en la determinación de desigualdades en estos casos.
En el futuro, no obstante, la suerte de las personas va a depender más de su acceso a la información y al conocimiento que a otros activos económicos, como la propiedad o la autoridad. Es decir las diferentes oportunidades para poseer conocimiento o información, en relación a lo que ahora denominamos “la brecha digital”, determinarán de manera nítida desigualdad, y no solamente desigualdad económica sino también de calidad de vida y de condiciones de trabajo.
En este contexto general en el que la falta de políticas públicas determina en sí misma, y como un factor causal más, desigualdades entre los ciudadanos ante las oportunidades básicas de llevar una vida en condiciones mínimas de calidad, esta circunstancia objetiva se hace más evidente que en ningún otro ámbito como origen de las diferencias que afectan a los mayores y a las mujeres. En el primer caso porque entre ellos se concentran grandes niveles de pobreza y porque las posibilidades de mejorar socialmente prácticamente no existen a esas edades. Desde la óptica de género, y añadiéndose a los procesos de discriminación bien conocidos que persisten en la actualidad en nuestra sociedad, porque la falta de políticas que comprendan protección social a los más débiles (niños, ancianos, dependientes, discapacitados) restan a las mujeres opciones de llevar una vida social y laboral plena, toda vez que son ellas las que asumen indefectiblemente el rol de cuidadoras de los otros.
Conviene entonces redefinir los conceptos de igualdad y de derechos sociales que consideramos básicos o mínimos en un sentido que haga más énfasis en la generación de oportunidades iguales para todos. De esa manera podremos observar la desigualdad como un fenómeno dinámico y de movilidad social en relación más bien a las oportunidades que cada cual tiene de salir de situaciones de precariedad (paro laboral, baja remuneración, etc). Todo apunta a que el nivel educativo personal es la variable decisiva en la movilidad social. Influye mucho también el nivel educativo familiar, y la precariedad laboral. Así, quienes tienen empleos con salarios bajos tienen mucha más dificultades de salto social, así como los menos cualificados independientemente de su salario o situación laboral.
En el momento actual del estado de Bienestar en el mundo occidental la prioridad absoluta no puede ser otra que la de “nivelar el campo” (Romer, 1999), es decir que todo el mundo tenga los mínimos para poder vivir una vida digna y con estándares de calidad. Debemos avanzar, por tanto, hacia un plan general de igualdad de oportunidades.
Una sociedad con desigualdades que no son injustas es aquélla en la que el hecho de tener riqueza es poco relevante a la hora de poder llevar una vida digna, duradera, saludable y plena de derechos. En ésa utópica sociedad la riqueza solo serviría para conseguir lo superfluo y no lo básico. El Estado que incremente el gasto en protección social y lo distribuya con adecuadas políticas públicas en términos equitativos avanzará hacia esa sociedad de las oportunidades que logre disminuir las desigualdades sociales.
PUBLICADO EN LA REVISTA TEMAS PARA EL DEBATE, Nº 147, DICIEMBRE DE 2006
viernes, 1 de septiembre de 2006
LÍBANO: LA TRAGEDIA REPETIDA
Hace diez años visitamos una pequeña aldea del Sur del Líbano, llamada Qana. Unos días antes de nuestra llegada algo terrible había ocurrido allí: la artillería israelí había bombardeado un refugio de las Naciones Unidas acabando con la vida de 106 civiles (hombres, mujeres y niños) y de tres cascos azules. En el momento en que los dos proyectiles de 155 mm hicieron blanco de forma certera en el patio del refugio se encontraban dentro más de 600 personas de aldeas próximas que habían acudido allí huyendo del feroz castigo que el ejército israelí estaba infringiendo desde hacía varios días en toda la zona. Alguno de los 160 heridos con los que pudimos hablar días después en el hospital Al Najar de Tiro nos relataban que cuando ocurrió la tragedia estaban tranquilos los que allí se encontraban. Se creían, allí, a salvo. A pesar de las incomodidades que soportaban porque el lugar estaba desbordado y había sido necesario habilitar unos contenedores metálicos en un patio para que cumplieran la función de techo de muchos de ellos, consideraban que aquél lugar era seguro. 18 años de hostilidades mantenidas desde la ocupación del Sur del Líbano por parte de Israel habían conseguido hacerles vivir con cierta normalidad aquélla situación permanentemente extrema.
Estaban tranquilos, sobre todo y según nos manifestaron después, porque el lugar era conocido por los contendientes como zona de refugio de civiles y, las enormes banderas de Naciones Unidas que ondeaban junto a la puerta y el esperpéntico torreón del edificio dominaban toda la llanura hasta que se perdía la vista mucho más allá de las líneas enemigas. En medio de aquélla paz contenida de una rara tarde primaveral un cohete katyusha fue lanzado desde una posición de la guerrilla Hezbolá situada a más de 300 metros del refugio contra las posiciones israelíes. A partir de ese momento las versiones eran confusas. Es posible que quienes lanzaron el cohete se refugiaran, a la carrera, en el recinto de Naciones Unidas. En todo caso el castigo fue brutal, y la muerte de inocentes injustificable.
Ese episodio, que ha pasado ya a los anales de la barbaridad humana con el nombre de la masacre de Qana, se vio aliñado en días posteriores por todo tipo de declaraciones de esas que se escuchan cuando habla la diplomacia. No sabemos muy bien por qué no suele hablar antes de que ocurran. En todo caso nada imprevisible: Israel “lamenta” (observen la diplomacia) la muerte de civiles pero se niega a admitir su responsabilidad, primero, o declara que fue un error lamentable, después. Lamente o no, asigna toda la responsabilidad por lo ocurrido a Hezbolá por “utilizar a la población civil como escudos humanos (sic)”. Un informe de Naciones Unidas y de diferentes organizaciones independientes afirmaba, poco después, que no pudo ser tal el error sino más bien un acto deliberado de guerra bien calculado y planificado. Ante este informe, Estados Unidos e Israel, se declaran ofendidos tachándolo de “producto de una mente retorcida (sic)” y advierten a la comunidad internacional que dichas afirmaciones “no contribuyen a crear un clima de paz (sic)” (en ocasiones de la diplomacia al cinismo hay que recorrer un tramo más bien escuálido), etc, etc.
Todo lo que precede se parece como dos gotas de agua idénticas al episodio ocurrido en la misma aldea del Sur del Líbano, Qana, el 30 de Julio del presente año con el resultado de 54 muertos de los que unos 27 eran niños, y 15 de ellos, además, discapacitados. Juzguen si no: relatan las crónicas que la gente se había refugiado en el sótano de un edificio (sin duda los refugios de Naciones Unidas dejaron de parecerles lugares seguros) que fue bombardeado durante más de dos horas hasta que lograron destruirlo por completo. 63 personas malvivían desde hacía algunos días en ese sótano para protegerse del fuego israelí. Nadie duda que este hecho debía ser conocido por el ejército israelí que observaba la zona permanentemente con aviones espías y otros medios sofisticados, y la gente allí refugiada salía del edificio en ocasiones a abastecerse y asearse. Israel se negó a reconocer que se trataba de un error, al principio, y, más tarde, se exculpó afirmando que aquél lugar era un nido de terroristas. Las fotos de los supuestos terroristas muertos, la mayoría niños menores de 10 años y sus madres, salpicaban cruentamente el sepia de todos los diarios del mundo a la mañana siguiente mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tras recibir el aviso de veto de Estados Unidos, se limitó a lamentar la muerte de civiles aunque se abstuvo de condenar la acción de Israel … etc, etc
Hay noticias que tienden a repetirse, cíclicas, cada cierto tiempo de manera sorprendente. Rayan tanto la irrealidad que parecen calcadas las unas de las otras. Hay barbaries que, como ocurre en este caso, hasta suceden en el mismo lugar sin que nadie se pare a pensar cómo puede ser posible. De qué naturaleza deben ser los supervivientes para continuar allí a esperar el siguiente fogonazo. No es absurdo pensar que, en casos como este, las mismas noticias de prensa pueden reeditarse, cambiando tan solo la fecha y el rostro de las víctimas. Se pueden conservar hasta los titulares sin que la mayoría de los lectores puedan notar el trueque. Algunas de la crónicas escritas hace 10 años por Juan Carlos Gumucio (tristemente ya fallecido) para El País desde su hotel de Beirut sería posible ahora rescatarlas de la hemeroteca y reeditarlas sin más. Se trata de una prueba más de que los errores humanos no se enmiendan y de que el avance de las más mínimas normas de aprecio y respeto a los derechos de los seres humanos es una utopía en algunas zonas del mundo. Y una evidencia de que los conflictos se estancan y la diplomacia sigue hablando tarde y mal.
En el primer cuarto del siglo XX, las guerras arrojaban una relación entre fallecidos militares y civiles era de 8 a 1. En las guerras modernas (esas que podemos ver tranquilamente en el televisor de nuestra casa mientras terminamos el postre o recogemos la mesa) mueren 3 civiles por cada militar que lo hace. Sin duda otra prueba evidente más del retroceso humano: nadie debe morir por motivo de una guerra, pero menos que nadie los inocentes y la población que tan solo sufre, desamparada, el rigor que imponen, con sus armas mortíferas, los contendientes.
Al hilo de la atrocidad más reciente de las relatadas, Cruz Roja, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el ACNUR han denunciado que en este último episodio de ataque israelí al Líbano (que ha costado más de mil muertos) no se ha respetado las normas más elementales del derecho humanitario internacional, y se han despreciado de manera olímpica la vida, los derechos y las propiedades de los civiles. Por ello reclaman que sean catalogadas estas acciones como crímenes de guerra y que sean juzgados por ello los responsables de uno y otro bando.
El prestigio de Hezbolá entre la población libanesa y en los demás países árabes es grande y ha crecido tras el reciente enfrentamiento. Y no sólo porque, a los ojos de muchos, haya defendido al Líbano de la agresión. Sino también (o quizás debiéramos decir “sobretodo”) porque la ausencia de protección social derivada de la falta de Estado es suplida de manera exitosa por esta organización. Una lección que no conviene dejar al márgen, máxime si comprendemos que las redes sociales que este tipo de organizaciones establecen son las herramientas más poderosas que tienen para infiltrarse entre la población y ganar, permanentemente adeptos a su causa.
Es necesario apagar este polvorín que es Oriente Próximo. Es preciso hacer los esfuerzos necesarios para proteger, de una vez, a la población civil de las agresiones de todas las partes. Estados Unidos e Israel deben entender que no puede valer todo en su supuesta batalla contra el terrorismo. De otra manera el efecto que consiguen es exactamente el contrario que el que desean. Israel ha dado otro paso al frente hacia la dilapidación del capital de simpatía que se supo grangear en otra época entre una gran parte de los pueblos del mundo. De nuevo, Israel exhibe su faz más monstruosa: la de un Estado belicista basado en el principio de que la vida de uno de los suyos debe ser vengada con la de un millar de árabes, y poco importa si entre ellos hay niños, mujeres y ancianos, como los civiles salvajemente eliminados en Qana en Julio de este año y en el mes de Abril de hace diez años. Con frecuencia las autoridades israelíes se quejan de que se “banalice” el holocausto judío. Lo hacen sobre todo ellas cuando justifican, con aquél horror, el supuesto derecho que ahora se arrogan contra la vida y la seguridad de otros pueblos. Las imágenes de los rostros ensangrentados y los cuerpos reventados de los niños libaneses alcanzados por los cañones israelíes son un intolerable ejemplo de crímenes de guerra. Que un Ejército regular, posiblemente uno de los mejores del mundo, enviado a tierra extranjera por un gobierno democrático, cometa ese tipo de errores debiera provocar una exigencia universal de responsabilidades.
En aquél viaje que realizamos en el año 1996 al centro del horror nos acompañaban dos hombres extraordinarios de los que aprendimos mucho: Enrique LLácer y Luis Valtueña. El primero fallecería después en accidente en Perú en una misión de Naciones Unidas. El otro, Luis, al que vimos emocionarse tan vívamente en el hipódromo romano de Tiro el primero de Mayo de aquél año durante el entierro de las víctimas de la primera masacre de Qana, era un enamorado de la causa de aquél pueblo, y supo, durante aquéllos días de constatación de la barbaridad, enseñarnos toda la grandeza del mismo. Luis sería asesinado 8 meses después mientras realizaba una misión de cooperación en Ruanda, junto al medico Manuel Madrazo y a la enfermera Flors Sirera. Los mataron unos asesinos que, tanto aquí como allá, siembran el mundo de dolor por la creencia que profesan de que lo mejor que pueden hacer para que sus crímenes queden impunes es eliminar a los que pueden dar testimonio de sus atrocidades.
Entonces no supimos que aquél viaje no era sino el primer acto de otra tragedia presentida y brutal. El horror ha vuelto a Qana diez años después. Nosotros, que lo podemos contar, hemos vuelto atrás diez años con nuestros recuerdos. Otros, tristemente, se quedaron en el camino después de darnos todo lo que tenían.
Haram lubuam, que quiere decir pobre Líbano.
José Manuel Díaz Olalla
(Texto inédito. Septiembre 2006)
Estaban tranquilos, sobre todo y según nos manifestaron después, porque el lugar era conocido por los contendientes como zona de refugio de civiles y, las enormes banderas de Naciones Unidas que ondeaban junto a la puerta y el esperpéntico torreón del edificio dominaban toda la llanura hasta que se perdía la vista mucho más allá de las líneas enemigas. En medio de aquélla paz contenida de una rara tarde primaveral un cohete katyusha fue lanzado desde una posición de la guerrilla Hezbolá situada a más de 300 metros del refugio contra las posiciones israelíes. A partir de ese momento las versiones eran confusas. Es posible que quienes lanzaron el cohete se refugiaran, a la carrera, en el recinto de Naciones Unidas. En todo caso el castigo fue brutal, y la muerte de inocentes injustificable.
Ese episodio, que ha pasado ya a los anales de la barbaridad humana con el nombre de la masacre de Qana, se vio aliñado en días posteriores por todo tipo de declaraciones de esas que se escuchan cuando habla la diplomacia. No sabemos muy bien por qué no suele hablar antes de que ocurran. En todo caso nada imprevisible: Israel “lamenta” (observen la diplomacia) la muerte de civiles pero se niega a admitir su responsabilidad, primero, o declara que fue un error lamentable, después. Lamente o no, asigna toda la responsabilidad por lo ocurrido a Hezbolá por “utilizar a la población civil como escudos humanos (sic)”. Un informe de Naciones Unidas y de diferentes organizaciones independientes afirmaba, poco después, que no pudo ser tal el error sino más bien un acto deliberado de guerra bien calculado y planificado. Ante este informe, Estados Unidos e Israel, se declaran ofendidos tachándolo de “producto de una mente retorcida (sic)” y advierten a la comunidad internacional que dichas afirmaciones “no contribuyen a crear un clima de paz (sic)” (en ocasiones de la diplomacia al cinismo hay que recorrer un tramo más bien escuálido), etc, etc.
Todo lo que precede se parece como dos gotas de agua idénticas al episodio ocurrido en la misma aldea del Sur del Líbano, Qana, el 30 de Julio del presente año con el resultado de 54 muertos de los que unos 27 eran niños, y 15 de ellos, además, discapacitados. Juzguen si no: relatan las crónicas que la gente se había refugiado en el sótano de un edificio (sin duda los refugios de Naciones Unidas dejaron de parecerles lugares seguros) que fue bombardeado durante más de dos horas hasta que lograron destruirlo por completo. 63 personas malvivían desde hacía algunos días en ese sótano para protegerse del fuego israelí. Nadie duda que este hecho debía ser conocido por el ejército israelí que observaba la zona permanentemente con aviones espías y otros medios sofisticados, y la gente allí refugiada salía del edificio en ocasiones a abastecerse y asearse. Israel se negó a reconocer que se trataba de un error, al principio, y, más tarde, se exculpó afirmando que aquél lugar era un nido de terroristas. Las fotos de los supuestos terroristas muertos, la mayoría niños menores de 10 años y sus madres, salpicaban cruentamente el sepia de todos los diarios del mundo a la mañana siguiente mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tras recibir el aviso de veto de Estados Unidos, se limitó a lamentar la muerte de civiles aunque se abstuvo de condenar la acción de Israel … etc, etc
Hay noticias que tienden a repetirse, cíclicas, cada cierto tiempo de manera sorprendente. Rayan tanto la irrealidad que parecen calcadas las unas de las otras. Hay barbaries que, como ocurre en este caso, hasta suceden en el mismo lugar sin que nadie se pare a pensar cómo puede ser posible. De qué naturaleza deben ser los supervivientes para continuar allí a esperar el siguiente fogonazo. No es absurdo pensar que, en casos como este, las mismas noticias de prensa pueden reeditarse, cambiando tan solo la fecha y el rostro de las víctimas. Se pueden conservar hasta los titulares sin que la mayoría de los lectores puedan notar el trueque. Algunas de la crónicas escritas hace 10 años por Juan Carlos Gumucio (tristemente ya fallecido) para El País desde su hotel de Beirut sería posible ahora rescatarlas de la hemeroteca y reeditarlas sin más. Se trata de una prueba más de que los errores humanos no se enmiendan y de que el avance de las más mínimas normas de aprecio y respeto a los derechos de los seres humanos es una utopía en algunas zonas del mundo. Y una evidencia de que los conflictos se estancan y la diplomacia sigue hablando tarde y mal.
En el primer cuarto del siglo XX, las guerras arrojaban una relación entre fallecidos militares y civiles era de 8 a 1. En las guerras modernas (esas que podemos ver tranquilamente en el televisor de nuestra casa mientras terminamos el postre o recogemos la mesa) mueren 3 civiles por cada militar que lo hace. Sin duda otra prueba evidente más del retroceso humano: nadie debe morir por motivo de una guerra, pero menos que nadie los inocentes y la población que tan solo sufre, desamparada, el rigor que imponen, con sus armas mortíferas, los contendientes.
Al hilo de la atrocidad más reciente de las relatadas, Cruz Roja, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el ACNUR han denunciado que en este último episodio de ataque israelí al Líbano (que ha costado más de mil muertos) no se ha respetado las normas más elementales del derecho humanitario internacional, y se han despreciado de manera olímpica la vida, los derechos y las propiedades de los civiles. Por ello reclaman que sean catalogadas estas acciones como crímenes de guerra y que sean juzgados por ello los responsables de uno y otro bando.
El prestigio de Hezbolá entre la población libanesa y en los demás países árabes es grande y ha crecido tras el reciente enfrentamiento. Y no sólo porque, a los ojos de muchos, haya defendido al Líbano de la agresión. Sino también (o quizás debiéramos decir “sobretodo”) porque la ausencia de protección social derivada de la falta de Estado es suplida de manera exitosa por esta organización. Una lección que no conviene dejar al márgen, máxime si comprendemos que las redes sociales que este tipo de organizaciones establecen son las herramientas más poderosas que tienen para infiltrarse entre la población y ganar, permanentemente adeptos a su causa.
Es necesario apagar este polvorín que es Oriente Próximo. Es preciso hacer los esfuerzos necesarios para proteger, de una vez, a la población civil de las agresiones de todas las partes. Estados Unidos e Israel deben entender que no puede valer todo en su supuesta batalla contra el terrorismo. De otra manera el efecto que consiguen es exactamente el contrario que el que desean. Israel ha dado otro paso al frente hacia la dilapidación del capital de simpatía que se supo grangear en otra época entre una gran parte de los pueblos del mundo. De nuevo, Israel exhibe su faz más monstruosa: la de un Estado belicista basado en el principio de que la vida de uno de los suyos debe ser vengada con la de un millar de árabes, y poco importa si entre ellos hay niños, mujeres y ancianos, como los civiles salvajemente eliminados en Qana en Julio de este año y en el mes de Abril de hace diez años. Con frecuencia las autoridades israelíes se quejan de que se “banalice” el holocausto judío. Lo hacen sobre todo ellas cuando justifican, con aquél horror, el supuesto derecho que ahora se arrogan contra la vida y la seguridad de otros pueblos. Las imágenes de los rostros ensangrentados y los cuerpos reventados de los niños libaneses alcanzados por los cañones israelíes son un intolerable ejemplo de crímenes de guerra. Que un Ejército regular, posiblemente uno de los mejores del mundo, enviado a tierra extranjera por un gobierno democrático, cometa ese tipo de errores debiera provocar una exigencia universal de responsabilidades.
En aquél viaje que realizamos en el año 1996 al centro del horror nos acompañaban dos hombres extraordinarios de los que aprendimos mucho: Enrique LLácer y Luis Valtueña. El primero fallecería después en accidente en Perú en una misión de Naciones Unidas. El otro, Luis, al que vimos emocionarse tan vívamente en el hipódromo romano de Tiro el primero de Mayo de aquél año durante el entierro de las víctimas de la primera masacre de Qana, era un enamorado de la causa de aquél pueblo, y supo, durante aquéllos días de constatación de la barbaridad, enseñarnos toda la grandeza del mismo. Luis sería asesinado 8 meses después mientras realizaba una misión de cooperación en Ruanda, junto al medico Manuel Madrazo y a la enfermera Flors Sirera. Los mataron unos asesinos que, tanto aquí como allá, siembran el mundo de dolor por la creencia que profesan de que lo mejor que pueden hacer para que sus crímenes queden impunes es eliminar a los que pueden dar testimonio de sus atrocidades.
Entonces no supimos que aquél viaje no era sino el primer acto de otra tragedia presentida y brutal. El horror ha vuelto a Qana diez años después. Nosotros, que lo podemos contar, hemos vuelto atrás diez años con nuestros recuerdos. Otros, tristemente, se quedaron en el camino después de darnos todo lo que tenían.
Haram lubuam, que quiere decir pobre Líbano.
José Manuel Díaz Olalla
(Texto inédito. Septiembre 2006)
sábado, 1 de julio de 2006
LAS LECCIONES DEL KATRINA
Algunas reflexiones sobre la crisis humana y política desatada por el paso del huracán por el sur de Estados Unidos
De entre las cosas que más me impresionaron las primeras veces que atendí a los supervivientes de alguna catástrofe natural ocurrida en algún país pobre fue esa sensación desoladora de que, allí, el estado no existía. Yo ya sabía que esa orfandad era un mal crónico que mostraba sus efectos todos los días en forma de abandono y de olvido de las necesidades básicas de la gente. En situación basal esa ausencia presentida y sufrida por todos se hacía muy difícil, pero en determinadas situaciones límite la carencia superaba lo imaginable. Nadie, a excepción de algunos amigos, unos pocos familiares, y escasos vecinos, además de las organizaciones de ayuda extranjeras, se preocupaba por la suerte y el futuro de las personas que, a duras penas, habían logrado sobrevivir a los letales soplos de un huracán o a las violentas sacudidas de tierra de un terremoto. Jamás aparecía una institución, una autoridad, o alguien que en el nombre de la colectividad e investido por ella se hiciera responsable de lo ocurrido o asumiera compromisos de futuro con los damnificados. Nunca olvidaré como, bastantes meses después del paso del huracán Mitch por Centroamérica, el equipo de asistencia humanitaria en el que trabajaba descubría a diario pueblos, lugares, aldeas o comunidades en el monte a los que nadie, aún, se había acercado a preguntar, siquiera, si allí había pasado algo. Si pasó, los propios vecinos y familiares se las apañaron como pudieron: enterraron sus muertos y se fueron. Y los que no lo hicieron, se quedaron a empezar otra vez de nuevo.
Si el estado se creó para defender al débil del poderoso, cuando el hombre se enfrenta sólo al feroz embate de la naturaleza ciega, la presencia de aquél se hace imprescindible. A fuerza de vivir estos efectos en aquéllos países y de elaborar la constante teoría de que tan responsable de la muerte y la destrucción es la naturaleza como el subdesarrollo, se nos había olvidado que la carencia del estado también se observa en el mundo desarrollado y rico. Se nos había olvidado calcular que, por encima de las cifras del PIB per cápita y de los grandes indicadores macroeconómicos, falta de estado y subdesarrollo son sinónimos para la mayoría de los que lo padecen. Y que, por lo tanto, ante la catástrofe inevitable y cruel, el débil puede estar tan desprotegido en Haití como en su poderoso vecino del Norte. La calamidad nos recordó que la ausencia de estado les hacía iguales, y que el presente y el futuro de los afroamericanos pobres sobrevivientes del Katrina en Nueva Orleáns y el de los indonesios que no sucumbieron al tsunami de la pasada Navidad es muy similar.
El terrible paso del ciclón tropical de nivel tres denominado Katrina por el golfo de México durante los últimos días de Agosto y sus contundentes efectos en los estados del Sur de Estados Unidos nos deben hacer reflexionar a todos. En especial a los norteamericanos y a su clase política. De esta manera podrían plantearse, por ejemplo, si las políticas ultraliberales en las que persiste el gobierno republicano y que conducirán en la práctica al desmantelamiento del Estado, o mejor dicho, de lo que queda de él, son el mejor camino para conseguir el bienestar de la mayoría y avanzar hacia la justicia social. Plantearse, por ejemplo, si se puede confiar en un gobierno que tiene dificultades para trasladar efectivos de ayuda al delta del río Misisipi, en plena necesidad vital de miles de ciudadanos, porque una gran parte de los soldados que podría movilizar se encuentra invadiendo otro país de una manera injusta e ilegal, tras una guerra inventada sobre la base de la mentira y la manipulación.
Si los norteamericanos reflexionasen sobre lo que ha pasado en el Sur de la confederación quizás aún pudieran sacar cuentas y calcular cuántas vidas no se hubieran perdido estérilmente en Nueva Orleáns si el gobierno hubiera utilizado el monto que se gasta en dos semanas de esa guerra injusta en mejorar las defensas naturales y los diques de contención de una ciudad que, en un 70% de su superficie, está construida por debajo del nivel del mar. Si el pueblo norteamericano tuviera la clarividencia suficiente como para revisar algunas cuestiones vividas en los últimos meses quizás podría plantearse qué significa en realidad que su presidente pida ayuda internacional y que otros países mucho menos ricos, aunque honrados, como el nuestro, decida acudir en auxilio de los ciudadanos afectados, movilice reservas estratégicas de carburantes y, de paso, tenga que detraer inevitablemente importantes cantidades de la cuenta destinada a socorrer a los países más necesitados de África Subsahariana.
El 30% de los norteamericanos que viven en Nueva Orleáns lo hacen por debajo del umbral de la pobreza. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y uno de los más ricos (la cuarta renta per cápita del mundo con sus más de 37 mil dólares al año), pero uno de los que mayor desigualdad social acumula. Los indicadores traducen, inexorables, los resultados de una política económica injusta e intolerable para la mayoría de los ciudadanos. Ha declarado el ex secretario de estado Powell, ante las críticas que arreciaban contra el gobierno del que formó parte, que en la gestión de la crisis del Katrina no ha habido racismo. Que el hecho de que la mayor parte de los muertos, desaparecidos, heridos, damnificados y despojados de todo hayan sido negros no significa que se haya priorizado la atención a los blancos. En realidad lo que ha ocurrido es que se ha primado la atención a los más ricos, o mejor dicho, que ante la ausencia de instituciones públicas que atendieran equitativamente a los que más lo necesitaban, se implantó la ley de la selva, que en su primer artículo dice que cuanto mejor sea tu tarjeta de crédito más posibilidades tienes de salvarte, y en el segundo, que si vienen mal dadas que se salve quien pueda .
Y los más ricos, casualidades de la vida, son los blancos. Es decir, Colin Powell, por esta vez y a diferencia de lo que hizo en otra declaración suya en Naciones Unidas que aún recordamos, ha dicho la verdad: quien es racista no es el señor Bush y su gobierno, quien es racista es la política antisocial que practica y el sistema económico que defiende.
Sería bueno que esta terrible tragedia sirviera, al menos, para que el pueblo norteamericano reflexionase sobre su clase dirigente y sobre las políticas económicas y sociales que está llevando a cabo. Voces y movimientos críticos dentro de aquél país se comienzan a elevar con poderosos timbres. Despejar el camino para otros escenarios políticos sería un gran avance para el bienestar de ese pueblo y el de los demás. Quienes en nuestro país representan esas ideas y defienden esas políticas, nuestros neocons, no deberían perder la oportunidad de sacar también sus conclusiones. Y, si esto no es posible, que al menos lo hagan sus votantes.
José Manuel Díaz Olalla
Médico cooperante
(Publicado en la Revista Temas para el Debate,
Julio de 2006)
De entre las cosas que más me impresionaron las primeras veces que atendí a los supervivientes de alguna catástrofe natural ocurrida en algún país pobre fue esa sensación desoladora de que, allí, el estado no existía. Yo ya sabía que esa orfandad era un mal crónico que mostraba sus efectos todos los días en forma de abandono y de olvido de las necesidades básicas de la gente. En situación basal esa ausencia presentida y sufrida por todos se hacía muy difícil, pero en determinadas situaciones límite la carencia superaba lo imaginable. Nadie, a excepción de algunos amigos, unos pocos familiares, y escasos vecinos, además de las organizaciones de ayuda extranjeras, se preocupaba por la suerte y el futuro de las personas que, a duras penas, habían logrado sobrevivir a los letales soplos de un huracán o a las violentas sacudidas de tierra de un terremoto. Jamás aparecía una institución, una autoridad, o alguien que en el nombre de la colectividad e investido por ella se hiciera responsable de lo ocurrido o asumiera compromisos de futuro con los damnificados. Nunca olvidaré como, bastantes meses después del paso del huracán Mitch por Centroamérica, el equipo de asistencia humanitaria en el que trabajaba descubría a diario pueblos, lugares, aldeas o comunidades en el monte a los que nadie, aún, se había acercado a preguntar, siquiera, si allí había pasado algo. Si pasó, los propios vecinos y familiares se las apañaron como pudieron: enterraron sus muertos y se fueron. Y los que no lo hicieron, se quedaron a empezar otra vez de nuevo.
Si el estado se creó para defender al débil del poderoso, cuando el hombre se enfrenta sólo al feroz embate de la naturaleza ciega, la presencia de aquél se hace imprescindible. A fuerza de vivir estos efectos en aquéllos países y de elaborar la constante teoría de que tan responsable de la muerte y la destrucción es la naturaleza como el subdesarrollo, se nos había olvidado que la carencia del estado también se observa en el mundo desarrollado y rico. Se nos había olvidado calcular que, por encima de las cifras del PIB per cápita y de los grandes indicadores macroeconómicos, falta de estado y subdesarrollo son sinónimos para la mayoría de los que lo padecen. Y que, por lo tanto, ante la catástrofe inevitable y cruel, el débil puede estar tan desprotegido en Haití como en su poderoso vecino del Norte. La calamidad nos recordó que la ausencia de estado les hacía iguales, y que el presente y el futuro de los afroamericanos pobres sobrevivientes del Katrina en Nueva Orleáns y el de los indonesios que no sucumbieron al tsunami de la pasada Navidad es muy similar.
El terrible paso del ciclón tropical de nivel tres denominado Katrina por el golfo de México durante los últimos días de Agosto y sus contundentes efectos en los estados del Sur de Estados Unidos nos deben hacer reflexionar a todos. En especial a los norteamericanos y a su clase política. De esta manera podrían plantearse, por ejemplo, si las políticas ultraliberales en las que persiste el gobierno republicano y que conducirán en la práctica al desmantelamiento del Estado, o mejor dicho, de lo que queda de él, son el mejor camino para conseguir el bienestar de la mayoría y avanzar hacia la justicia social. Plantearse, por ejemplo, si se puede confiar en un gobierno que tiene dificultades para trasladar efectivos de ayuda al delta del río Misisipi, en plena necesidad vital de miles de ciudadanos, porque una gran parte de los soldados que podría movilizar se encuentra invadiendo otro país de una manera injusta e ilegal, tras una guerra inventada sobre la base de la mentira y la manipulación.
Si los norteamericanos reflexionasen sobre lo que ha pasado en el Sur de la confederación quizás aún pudieran sacar cuentas y calcular cuántas vidas no se hubieran perdido estérilmente en Nueva Orleáns si el gobierno hubiera utilizado el monto que se gasta en dos semanas de esa guerra injusta en mejorar las defensas naturales y los diques de contención de una ciudad que, en un 70% de su superficie, está construida por debajo del nivel del mar. Si el pueblo norteamericano tuviera la clarividencia suficiente como para revisar algunas cuestiones vividas en los últimos meses quizás podría plantearse qué significa en realidad que su presidente pida ayuda internacional y que otros países mucho menos ricos, aunque honrados, como el nuestro, decida acudir en auxilio de los ciudadanos afectados, movilice reservas estratégicas de carburantes y, de paso, tenga que detraer inevitablemente importantes cantidades de la cuenta destinada a socorrer a los países más necesitados de África Subsahariana.
El 30% de los norteamericanos que viven en Nueva Orleáns lo hacen por debajo del umbral de la pobreza. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y uno de los más ricos (la cuarta renta per cápita del mundo con sus más de 37 mil dólares al año), pero uno de los que mayor desigualdad social acumula. Los indicadores traducen, inexorables, los resultados de una política económica injusta e intolerable para la mayoría de los ciudadanos. Ha declarado el ex secretario de estado Powell, ante las críticas que arreciaban contra el gobierno del que formó parte, que en la gestión de la crisis del Katrina no ha habido racismo. Que el hecho de que la mayor parte de los muertos, desaparecidos, heridos, damnificados y despojados de todo hayan sido negros no significa que se haya priorizado la atención a los blancos. En realidad lo que ha ocurrido es que se ha primado la atención a los más ricos, o mejor dicho, que ante la ausencia de instituciones públicas que atendieran equitativamente a los que más lo necesitaban, se implantó la ley de la selva, que en su primer artículo dice que cuanto mejor sea tu tarjeta de crédito más posibilidades tienes de salvarte, y en el segundo, que si vienen mal dadas que se salve quien pueda .
Y los más ricos, casualidades de la vida, son los blancos. Es decir, Colin Powell, por esta vez y a diferencia de lo que hizo en otra declaración suya en Naciones Unidas que aún recordamos, ha dicho la verdad: quien es racista no es el señor Bush y su gobierno, quien es racista es la política antisocial que practica y el sistema económico que defiende.
Sería bueno que esta terrible tragedia sirviera, al menos, para que el pueblo norteamericano reflexionase sobre su clase dirigente y sobre las políticas económicas y sociales que está llevando a cabo. Voces y movimientos críticos dentro de aquél país se comienzan a elevar con poderosos timbres. Despejar el camino para otros escenarios políticos sería un gran avance para el bienestar de ese pueblo y el de los demás. Quienes en nuestro país representan esas ideas y defienden esas políticas, nuestros neocons, no deberían perder la oportunidad de sacar también sus conclusiones. Y, si esto no es posible, que al menos lo hagan sus votantes.
José Manuel Díaz Olalla
Médico cooperante
(Publicado en la Revista Temas para el Debate,
Julio de 2006)
domingo, 20 de noviembre de 2005
BREVE PARÁBOLA DE LOS MUNDOS SEPARADOS POR UNA VALLA
El pasado 29 de Septiembre, de madrugada, ante la verja que separa Ceuta de Marruecos, muy cerca de la finca de los Berrocal, tres seres humanos cruzaron sin quererlo por unos segundos sus vidas y, dos de ellos, se enfrentaron de manera brutal a sus destinos. Benjamín y Soli, hombre y mujer, veintitrés y diecinueve años respectivamente, ugandeses de nacionalidad aunque se dejarían matar antes de reconocerlo, y con más de dos años de periplo vital a sus espaldas, llegaban por fin ante esa valla cruel sembrada de navajas apuntando al cielo, tras la cual y a través de las brumas temblorosas de la madrugada presentían el paraíso anhelado. Mustafá, miembro de las fuerzas auxiliares de Marruecos, un mehani más de los cientos movilizados la semana anterior desde su cuartel de Tánger, maldecía su suerte patrullando el perímetro fronterizo cuando se encontró de frente con la avalancha de subsaharianos que habían permanecido durante horas agazapados tras los matorrales cercanos. Disparó al aire por dos veces pero de nada sirvió ante la desesperación de aquélla gente que se lanzaba enfurecida sobre la alambrada. Confundido tiró el arma al suelo y se abalanzó sobre una de las rudimentarias escaleras que aquéllos desarrapados habían fabricado para ayudarse a saltar la valla. Logró agarrar la camisa de Benjamín que cayó al suelo con violencia. Si le hubiera ido la vida en ello habría podido derribar también a Soli cuando ya casi alcanzaba cuatro o cinco metros de escalera pero la dejó subir hasta que, tras desgarrarse los brazos y la cara en los espinos metálicos, cayó del lado español. Ella, mientras comprobaba en sus propios huesos y a la fuerza qué tal le sentaba el suelo del paraíso, pudo abrir los ojos para ver a escasos centímetros de la suya, la cara de Benjamín quien, valla por medio y con los ojos empañados sólo sabía decir: “corre, corre, corre...”.
Un año después de este episodio, en la vida de los tres, esos momentos dramáticos serán poco más que un mal sueño, aunque hayan definido para siempre su vida, su suerte y el futuro de ellos y de los suyos. Soli, inmigrante sin papeles, trabajará como empleada doméstica en la casa de María, una señora de clase media de un barrio residencial de Madrid. Benjamín habrá vuelto a su país, aunque no a su pueblo, incapaz de asumir ante su familia que es un fracasado que ha dilapidado la fortuna familiar en un viaje que no ha servido para nada y, por lo tanto, estarán condenados a seguir siendo pobres como siempre lo fueron. “Para eso, piensa él, prefiero que crean que he muerto al naufragar en alguna patera”. Se instalará en otro pueblo e intentará rehacer su vida. Mustafá, por último, y en pago por la cantidad de inmigrantes que logró descabalgar de las escaleras de palo en el mes que pasó en la frontera, será ascendido a suboficial volviendo a su pueblo, un destino tranquilo, y allí se casará con Fátima, tal y como habían previsto sus familias.
Muy probablemente Benjamín morirá antes de cumplir los 46 años. Es, según las estadísticas, lo que le toca como ugandés que vive en una zona rural. La mitad de sus hijos no llegará a cumplir los 40 y, de hecho, de los seis hijos que probablemente traerá al mundo su mujer, al menos uno morirá antes de cumplir los cinco años. Soli, que tuvo la suerte de caer del lado de acá, superará los 75 años de vida, unos diez menos que María, su empleadora, y, ambas, verán como sus hijos (un hijo en el caso de María y dos en el caso de Soli) crecerán y se harán adultos sanos y robustos. Mustafá, en fin, no se queja pues las matemáticas que miden las diferencias internacionales le aseguran que llegará a viejo y conocerá a sus nietos. Le molesta que la mitad de la gente con que se tiene que relacionar no sepa leer ni escribir pues cree que así se limitan mucho sus posibilidades de crecer como ser humano, y le molesta aún más descubrir que su país es, en realidad, un gran proyecto fracasado de producir bienestar para la gente, porque una gran parte de los recursos los atesora una pequeña minoría: Marruecos está situado en desarrollo humano 16 puestos por detrás de lo que le correspondería en función de su nivel de renta, y el 10% más rico de su población tiene doce veces más riqueza que el 10% más pobre.
Un año después de este episodio, en la vida de los tres, esos momentos dramáticos serán poco más que un mal sueño, aunque hayan definido para siempre su vida, su suerte y el futuro de ellos y de los suyos. Soli, inmigrante sin papeles, trabajará como empleada doméstica en la casa de María, una señora de clase media de un barrio residencial de Madrid. Benjamín habrá vuelto a su país, aunque no a su pueblo, incapaz de asumir ante su familia que es un fracasado que ha dilapidado la fortuna familiar en un viaje que no ha servido para nada y, por lo tanto, estarán condenados a seguir siendo pobres como siempre lo fueron. “Para eso, piensa él, prefiero que crean que he muerto al naufragar en alguna patera”. Se instalará en otro pueblo e intentará rehacer su vida. Mustafá, por último, y en pago por la cantidad de inmigrantes que logró descabalgar de las escaleras de palo en el mes que pasó en la frontera, será ascendido a suboficial volviendo a su pueblo, un destino tranquilo, y allí se casará con Fátima, tal y como habían previsto sus familias.
Muy probablemente Benjamín morirá antes de cumplir los 46 años. Es, según las estadísticas, lo que le toca como ugandés que vive en una zona rural. La mitad de sus hijos no llegará a cumplir los 40 y, de hecho, de los seis hijos que probablemente traerá al mundo su mujer, al menos uno morirá antes de cumplir los cinco años. Soli, que tuvo la suerte de caer del lado de acá, superará los 75 años de vida, unos diez menos que María, su empleadora, y, ambas, verán como sus hijos (un hijo en el caso de María y dos en el caso de Soli) crecerán y se harán adultos sanos y robustos. Mustafá, en fin, no se queja pues las matemáticas que miden las diferencias internacionales le aseguran que llegará a viejo y conocerá a sus nietos. Le molesta que la mitad de la gente con que se tiene que relacionar no sepa leer ni escribir pues cree que así se limitan mucho sus posibilidades de crecer como ser humano, y le molesta aún más descubrir que su país es, en realidad, un gran proyecto fracasado de producir bienestar para la gente, porque una gran parte de los recursos los atesora una pequeña minoría: Marruecos está situado en desarrollo humano 16 puestos por detrás de lo que le correspondería en función de su nivel de renta, y el 10% más rico de su población tiene doce veces más riqueza que el 10% más pobre.
Soli tuvo suerte cayendo en España y quedándose aquí pues si bien en el barrio suburbial donde crecen sus hijos existe tres veces más probabilidades de contraer una enfermedad típica de la pobreza como es la tuberculosis que en el lujoso barrio de María donde ella trabaja, si esto ocurriera, sus hijos se curarían de esta enfermedad pues tienen la suerte de vivir en un país donde, aunque su madre sea humilde y no tenga papeles de residencia, existe un sistema de salud eficaz que les atiende gratuitamente y en trato de igualdad con cualquier otro niño español. De hecho mientras los hijos de Benjamín vivirán toda su vida sin ver un médico ni por televisión (primero porque allí no existen galenos y, segundo, porque posiblemente no verán nunca ese aparato ya que a aquél alejado pueblo de Uganda no llega la energía eléctrica), en España alcanzamos la notable tasa de 320 médicos por cada 100.000 habitantes.
Tanto es así que mientras los dos embarazos y partos de Soli serán atendidos por médicos y enfermeras bien preparados, los de la mujer de Benjamín los atenderá, con suerte, una partera tradicional del pueblo, seguramente una mujer analfabeta y ruda que hace lo que puede siempre en condiciones muy precarias. De esta manera mientras para Soli el riesgo de morir en España por motivo de un embarazo o un parto es casi inexistente hoy en día, ese riesgo en la mujer de Mustafá es 50 veces superior, y aún es unas doscientas veces mayor el que corre la mujer de Benjamín en aquel pueblo perdido de África.
En ese país-paraíso a donde ha logrado llegar Soli 11 individuos de cada 100 son pobres. En el barrio del sur de Madrid donde vive, casi la mitad de la población es inmigrante, y la renta per cápita es más de dos veces y media inferior a la del barrio de María, su jefa. Ella, inmigrante sin papeles, cabeza de una familia monoparental y analfabeta es una de las once pobres que dicen las estadísticas que existen entre cada cien individuos de su barrio. No se queja porque en su país de nacimiento es pobre uno de cada dos. “Y ser pobre aquí no es lo mismo que serlo allí”, piensa ella de vez en cuando como para descargar su conciencia. Lo piensa y tiene razones. De hecho ella tiene mucho menos de lo que le corresponde porque todos los meses envía a su familia 150 euros que, para ellos, es un capital. Bueno, para ella también. Pero puesto allí les permite escapar de la pobreza feroz que afecta a la mitad de la gente, pues con esa ayuda podrán acceder a agua potable, a energía eléctrica tras adquirir un pequeño generador y puntualmente algo de petróleo, y a mejores raciones de comida. En un país como aquél donde el Estado no existe y, por ello, no atiende ninguna necesidad de la gente, y las cosas más elementales hay que comprarlas, ese dinero asegura que, al menos, no morirán sus hermanos por no poder comprar un antibiótico o que sus sobrinos, si quieren, podrán ir a la escuela.
Soli, que a pesar de sus carencias formativas es una mujer con grandes preocupaciones sociales, vive sobresaltada permanentemente al sopesar que la posibilidad de adquirir SIDA en su país es siete veces mayor que en España y, temiendo por su familia, considera que si a alguno le afectase esa enfermedad moriría irremediablemente pues el coste de un tratamiento allí es imposible de pagar. Ni siquiera con su ayuda desde aquí. Se sosiega pensando que si eso le pasase a alguno de sus hijos el Servicio de Salud español correría con los costes del tratamiento. Por todo ello no para de aconsejar buenas prácticas sexuales a sus sobrinas (sabe que el riesgo para ellas es más del doble que para sus sobrinos) a través de sus cartas y, siempre que puede, envía para allá todos los preservativos que consigue en el Centro de la Cruz Roja que queda cerca de su casa.
Benjamín, fracasado y viudo a edad temprana, no sabe que él es uno de los más de seiscientos millones de personas que este mundo globalizador y globalizado ha tirado a la basura como el que se desembaraza de un pesado lastre que le impide avanzar. Que él forma parte de ese 10 por ciento de la humanidad, la que vive en África por debajo del Sahara, que ni cuenta ni importa. Que sus problemas nunca figurarán en agenda alguna de prioridades y que el PIB per cápita de su país, quince veces más pequeño que el de cualquier país de la OCDE, es una calderilla molesta que ningún otro, en este mundo opulento, se agacharía a recoger aunque se la encontrase por delante. Benjamín no sabe, aunque algo sospecha, que sus desgracias son el resultado de unas relaciones internacionales injustas que han estancado la economía de su país (Uganda ha crecido un 0,1% anual en los últimos trece años), predisponiendo a sus gobernantes a temer más a sus propios vecinos (por lo que dedican a la compra de armamento un 2,4% del PIB) que a la ignorancia de su propia gente, ya que en vencerla emplean tan sólo el 1,5% de ese PIB.
A Benjamín, que aún no ha podido olvidar la cara ensangrentada de Soli aquélla madrugada terrible aunque no ha vuelto a saber nada de ella, le haría gracia saber que en nuestro paraíso inalcanzable a veces discutimos sobre los motivos que les impulsa a venir hasta aquí jugándose la vida y gastando todos sus ahorros en el empeño. Se reiría hasta el paroxismo si supiera que hay entre nosotros quienes apuestan porque ese impulso procede del hecho de que damos papeles con facilidad a los que llegan. Seguramente pensaría cómo es posible que nosotros, que somos tan listos, no nos hayamos dado cuenta de que el auténtico efecto llamada es la pobreza, el abandono y las diferencias intolerables de este mundo en que vivimos. Y que sólo luchando contra ellas estaremos combatiendo de verdad esa necesidad imperiosa de salir de sus países que afecta a miles de personas. Quizás no sepa nunca que este país al que anhela llegar dedica a ayudar a otros países más pobres unos 37 dólares por español y año, la mitad que el resto de los países de la OCDE de altos ingresos, y que, de ese pequeño monto tan sólo 4 dólares van a parar a los países que, como el suyo, más lo necesitan.
Benjamín, padre viudo de cinco niños en edad escolar aunque sin escuela, mal vacunados y peor comidos, la noche en que estuvo a punto de tocar el paraíso supo que estaba en el camino correcto. Lástima que se le cruzara aquél mehani desagradecido traidor a su propia clase. El retorno a su mundo le ha vuelto a convencer de que debe volver a intentarlo. Y esta vez sabe que no regresará. Porque si no tiene más remedio está dispuesto a dejar la vida en el intento. No tiene la certeza absoluta pero intuye que aunque desde aquí, desde el paraíso, pidamos a todos los mehanis que vigilan la frontera desde el lado de allá que les revienten las manos si lo vuelven a intentar, nuestra conciencia está tan a disgusto con lo que hacemos que, en cuanto caigan del lado de acá, correremos como locos a vendárselas.
José Manuel Díaz Olalla
Texto publicado en Temas para el debate, ISSN 1134-6574, Nº. 132, 2005 (Ejemplar dedicado a: El rumbo de Europa) , pags. 61-63.
viernes, 1 de julio de 2005
La atención internacional a las víctimas de los desastres
Mucha propaganda, pocos hechos.
El 26 de Diciembre del año 2004, el desplazamiento de unos 20 metros de una de las cuatro placas tectónicas que confluyen en el Sudeste Asiático liberó una potencia equivalente a 30.000 bombas atómicas, produciendo un maremoto que, tras generar una terrible ola sísmica (tsunami) provocó unos 300.000 muertos. Un triste récord de mortandad tan sólo superado por la mayor catástrofe en vidas humanas conocida: la provocada por el terremoto ocurrido en Shansi (China) en el año 1556 que causó aproximadamente 830.000 fallecidos. El tsunami dejo, además, más de un millón de personas sin hogar, y generó pérdidas económicas superiores a 10 mil millones de dólares.
Cada vez se observa más nítidamente la relación inapelable que existe en determinadas zonas del planeta entre deterioro medioambiental por efecto de la acción humana y vulnerabilidad de las poblaciones ante los desastres naturales. En Centroamérica, por ejemplo, los estudiosos no abrigan duda alguna respecto a la franca correlación entre la intensiva deforestación y el incremento de las inundaciones y los deslizamientos de tierras. En este contexto también resulta muy evidente la conexión entre el calentamiento que se está registrando en la corteza terrestre y la frecuencia de determinados fenómenos naturales extremos, como pueden ser las depresiones tropicales.
El elevado número de muertos registrados en el evento del que hablamos no es fruto de la casualidad. La elevada densidad de población en las costas de los países afectados, donde una gran parte de las personas habita en asentamientos sin condiciones, les convierte en especialmente vulnerables ante este tipo de fenómenos. En el Sudeste Asiático más de tres cuartas partes de la población vive en las costas porque dependen del mar para su alimentación (del mar dependen los empleos y los ingresos de la mayoría), ya que el pescado es la proteína más barata que allí es posible encontrar. Pero la sobreexplotación de los recursos naturales se sitúa también en la base de la magnitud del desastre. En esta zona del mundo en los últimos años se han talado miles de kilómetros cuadrados de manglares, que tienen un conocido efecto amortiguador de los efectos del mar sobre la costa, con el objeto de intensificar al extremo el cultivo de los camarones que luego se consumen en Occidente. Los arrecifes coralinos están registrando una suerte similar y, aunque las barreras naturales no hubieran evitado la formación del tsunami de Diciembre, posiblemente hubieran disminuido su efecto. La importante presencia de turismo en algunas zonas de aquélla parte del mundo tampoco ha contribuido a mejorar el efecto del desastre ya que el rápido y anárquico desarrollo de esta actividad económica casi siempre tiene un efecto negativo para las condiciones medioambientales. Si admitimos por tanto que estos fenómenos son multicausales, no debemos desdeñar entonces el importante peso que la pobreza y las deficiencias que le son consustanciales en infraestructuras, en vivienda y en comunicación, tiene sobre el resultado final del desastre.
En una época en la que tanto se habla de las amenazas a la seguridad mundial conviene decir que cuando la seguridad humana se halla amenazada en cualquier parte del mundo puede afectar a la seguridad de la gente de otras partes. O de todas. Las hambrunas, los conflictos étnicos, la desintegración social, el terrorismo, la contaminación y el tráfico de drogas ya no se limitan a las fronteras nacionales. Surgen permanentemente retos a la seguridad global porque las amenazas del interior de los países afectan enseguida a los demás, como lo hacen los gases que producen el efecto invernadero o el narcotráfico. Pero con frecuencia interesada se olvida que otras amenazas siembran su mundialización a causa de las disparidades entre los países, que impulsan a millones de personas a abandonar el suyo y dirigirse a otro con el objeto de mejorar su nivel de vida. Y la desigualdad respecto al ingreso y al poder político produce una frustración que con frecuencia se transforma en conflicto civil entre grupos, ya se trate de étnicos, religiosos o sociales.
El proceso de urbanización del mundo, en especial en las circunstancias de falta de planificación y de desarrollo de infraestructuras y servicios en que se produce en los países pobres, determina un exceso importante de riesgo vital para las personas. Así en los países ricos, donde el 75% de las personas vive en ciudades, tan sólo el 6% lo hacen en asentamientos precarios, mientras que en los países en desarrollo, con un 40% de la población urbana, habitan en asentamientos precarios, viviendas sin condiciones y zonas de gran vulnerabilidad para fenómenos naturales un 43% de la población, es decir casi 900 millones de personas en el mundo.
Por lo tanto es importante considerar que tras una catástrofe natural de envergadura la necesidad de asistencia es diferencial en relación a las horas transcurridas desde el desastre, el tipo de desastre y la cantidad de población afectada. En un primer momento las actividades básicas de ayuda se circunscriben en lo que podemos llamar como de “socorro y salvamento”. Esta fase es, en general, corta, suele requerir un gran dispositivo logístico (hombres y medios materiales) y la cantidad de personas en condiciones de beneficiarse de ese despliegue suele ser pequeño (enterrados entre los escombros de las casas tras un terremoto, personas encaramadas en tejados o árboles tras una inundación, etc). Pasada esta fase que es aguda y de gran impacto mediático (se trata de la hora de los reporteros), emerge otro tipo de necesidades, que tienen que ver con la supervivencia de un mayor número de personas (los damnificados), cuya atención suele requerir menos esfuerzo logístico y de recursos humanos externos, y presenta una ecuación coste/ beneficio en vidas humanas mucho mayor.
Generalmente lo que conmueve, lo que moviliza las conciencias y en donde se esfuerzan los gobiernos, aunque sólo sea para acallar las voces y exigencias de futuros votantes, es en todo lo que tiene que ver con la fase de recate. Es durante esa fase cuando se emiten las grandes promesas de ayuda y los grandilocuentes compromisos de fondos que, por lo general, después se olvidan. Desde esta perspectiva no existe ninguna institución con tanta capacidad logística de intervención en esta primera fase como el ejército, bien sea local o foráneo. Si bien desde estas páginas hemos denunciado el uso fraudulento que dan a la llamada ayuda humanitaria los gobiernos en caso de conflicto bélico o civil, no suele ser este el caso de las actuaciones que se registran en caso de una emergencia por un desastre natural. No obstante, y como se ha demostrado durante las intervenciones internacionales realizadas tras el reciente tsunami, en determinadas zonas de Sri Lanka y Aceh (Indonesia), la principal dificultad para la distribución de la ayuda humanitaria ha provenido del hecho de que los propios ejércitos tomasen las riendas de la ayuda, en una actitud que los grupos rebeldes locales identificaron como una estrategia hegemónica y represiva que dificultó, finalmente, la llegada de la misma a grandes cantidades de personas.
A pesar de todo las necesidades de ayuda suelen ser moderadas y las situaciones de los supervivientes, en general, poco comprometidas si no existen desplazamientos masivos de población. Estos son raros en caso de catástrofes naturales, siendo más propios de las llamadas emergencias complejas, producidas por la guerra, la represión y la violencia política. Por eso la asistencia humanitaria suele ser más necesaria si existe gran cantidad de población desplazada.
Una correcta asistencia humanitaria es aquélla que se anticipa a los problemas, los identifica en la medida en que se presentan, y pone a disposición de las víctimas los suministros adecuados en los lugares donde son más necesarios. En las fases menos agudas de una emergencia la capacidad logística para transportar una gran cantidad de bienes y personas desde el exterior reviste, en general, una importancia menor. En esas circunstancias el apoyo más eficaz es la donación de dinero porque permite adquirir los suministros en los mercados locales. La mayor parte de la asistencia humanitaria, si es posible, debe provenir de la población y las autoridades locales. La ayuda exterior debe, sobretodo, atender aquellas necesidades de los supervivientes que ellos mismos no puedan atender. La experiencia nos demuestra que la reacción social que se produce entre las personas que sobreviven a una catástrofe de grandes dimensiones suele ser grande, y paradójicamente, con gran sentido de la organización.
El último tsunami de Diciembre incrementó de manera notable la solidaridad mundial (lo podemos llamar el conocido y reiterado ataque de solidaridad) pero los países acreedores, finalmente, se negaron a contraer compromisos relativos a la condonación de la deuda exterior que mantienen con ellos los países pobres más afectados por el desastre. Se repitió, por tanto, lo acontecido tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica en 1998. El pesado lastre de la deuda que soportan estos países dificulta de manera notable su recuperación. No se debe olvidar aquí que desde los años 90 los países en desarrollo, en conjunto, devuelven más deuda anualmente que el monto que reciben en total en concepto de ayuda al desarrollo (en el año 2003, 375 mil millones de dólares contra 68 mil millones).
Los que tuvimos la ocasión de vivir en Centroamérica el paso destructor del huracán Mitch, y asistimos con cierta perplejidad a la incesante y a veces obscena ceremonia de la solidaridad que se desató hacia aquéllos países, creímos entonces de verdad que, por encima de la mera reconstrucción, aquél derroche de colaboración prometida podía ser la gran oportunidad para el salto al desarrollo de esa deprimida región del mundo. Nada más lejos de lo que, con el tiempo, ha llegado a convertirse tanta promesa olvidada y nunca cumplida: estas llegaron a ser de 9.000 millones de dólares en la cumbre de Estocolmo de 1999, pero a finales del año 2001 no se había recibido en la región ni la mitad de ese monto. Mal espejo para mirarse ahora si es que lo hacen los países afectados por la última y brutal catástrofe.
Por mucho que se insita es difícil valorar suficientemente el peso que eso que llamamos vulnerabilidad tiene en las consecuencias de los fenómenos naturales. Esa lección la aprendí muy bien en Tegucigalpa (la mítica montaña de plata de los primeros colonizadores) pocas horas después del paso del huracán Mitch en los últimos días de Octubre de 1998. Recuerdo que pasé todo el día recorriendo aquélla devastación en que se habían convertido los márgenes del río Choluteca a su paso por la capital: todas las casitas de los bordes (levantadas con “casi nada” porque casi nada tenían los pobladores que decidieron instalarse en aquélla ribera peligrosa que a nadie interesaba) habían sido arrancadas de cuajo por el río encolerizado y su carga de hombres, niños, mujeres y enseres engullida por él en pocos minutos. Los restos de escombros, cadáveres, y lodo se amontonaban, como si de una visión espectral se tratara, por todas partes en los barrios bajos próximos al río. Esa misma tarde, y a requerimiento del Embajador de España, visité su casa en uno de los barrios residenciales de la ciudad. Era un barrio de la zona alta con casas sólidas y calles asfaltadas. El panorama era tan diferente que no hacía más que preguntarme no ya si era posible que estuviéramos en la misma ciudad donde había observado esas escena terribles pocas horas antes, sino si podía ser cierto que, en realidad, esas calles casi impolutas que mostraban como toda señal del desastre algún poste de la luz inclinado o alguna rama en suelo, pudieran estar a pocos centenares de metros del borde de aquél río que engulló todo lo que pudo y vomitó, allí mismo, lo que no se quiso llevar.
Las posibilidades reales de las intervenciones de rescate y socorro inmediato son muy escasas aunque resulten muy publicitarias. Es una actividad difícil porque exige inmediatez para ser efectiva y requiere un gran despliegue logístico, técnico (aviones, helicópteros, barcos) y de recursos humanos especializados que generalmente deben proceder de fuera. Si bien su utilidad puede ser relativa quizás fuera posible con un esfuerzo internacional (en realidad hablamos de montos muy inferiores a los que se emplean en actividades bélicas) preparar en determinadas zonas del mundo muy vulnerables ante determinados fenómenos dispositivos internacionales (quizás cascos azules) con una dirección multilateral (posiblemente la Agencia de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, OCHA), muy bien dotados y con gran capacidad de intervención inmediata (aeronaves, almacenes con alimentos, agua, medicinas, mantas, etc). Sería suficiente para el socorro y el rescate y liberaría a los ejércitos de terceros países de esta actividad que, en ocasiones, colisiona llamativamente con la preceptiva imparcialidad que debe revestir la ayuda humanitaria, especialmente si la catástrofe ocurre en zonas de conflicto.
La ayuda más efectiva sería y es la que debe aplicarse a continuación, tras la fase aguda, mediante una certera y profesional evaluación de las necesidades de los supervivientes, apoyándose en las potencialidades y los recursos locales, en especial con donaciones económicas exteriores (preferentemente de las que se prometen y, después, se dan), cuya gestión podía realizar alguna institución independiente, y con el apoyo técnico y tecnológico adecuado. Recompensar a las poblaciones que más sufren estos excesos de la naturaleza desbocada con propinas de solidaridad mirando al futuro, como la condonación de las deudas externas, sería la mejor manera de ponerle cara a esa pretendida solidaridad internacional que tanto se cacarea en los días sucesivos a un desastre, pero que tan pronto se olvida cuando los enviados especiales de las cadenas de televisión y los reporteros de los periódicos recogen sus bártulos y se van a otra parte porque allí se acabaron las imágenes y hasta las historias que remueven las conciencias y espolean la vergüenza colectiva.
José Manuel Díaz Olalla.
Médico Cooperante
(Publicado en la Revista Temas para el Debate, Julio 2005)
El 26 de Diciembre del año 2004, el desplazamiento de unos 20 metros de una de las cuatro placas tectónicas que confluyen en el Sudeste Asiático liberó una potencia equivalente a 30.000 bombas atómicas, produciendo un maremoto que, tras generar una terrible ola sísmica (tsunami) provocó unos 300.000 muertos. Un triste récord de mortandad tan sólo superado por la mayor catástrofe en vidas humanas conocida: la provocada por el terremoto ocurrido en Shansi (China) en el año 1556 que causó aproximadamente 830.000 fallecidos. El tsunami dejo, además, más de un millón de personas sin hogar, y generó pérdidas económicas superiores a 10 mil millones de dólares.
Cada vez se observa más nítidamente la relación inapelable que existe en determinadas zonas del planeta entre deterioro medioambiental por efecto de la acción humana y vulnerabilidad de las poblaciones ante los desastres naturales. En Centroamérica, por ejemplo, los estudiosos no abrigan duda alguna respecto a la franca correlación entre la intensiva deforestación y el incremento de las inundaciones y los deslizamientos de tierras. En este contexto también resulta muy evidente la conexión entre el calentamiento que se está registrando en la corteza terrestre y la frecuencia de determinados fenómenos naturales extremos, como pueden ser las depresiones tropicales.
El elevado número de muertos registrados en el evento del que hablamos no es fruto de la casualidad. La elevada densidad de población en las costas de los países afectados, donde una gran parte de las personas habita en asentamientos sin condiciones, les convierte en especialmente vulnerables ante este tipo de fenómenos. En el Sudeste Asiático más de tres cuartas partes de la población vive en las costas porque dependen del mar para su alimentación (del mar dependen los empleos y los ingresos de la mayoría), ya que el pescado es la proteína más barata que allí es posible encontrar. Pero la sobreexplotación de los recursos naturales se sitúa también en la base de la magnitud del desastre. En esta zona del mundo en los últimos años se han talado miles de kilómetros cuadrados de manglares, que tienen un conocido efecto amortiguador de los efectos del mar sobre la costa, con el objeto de intensificar al extremo el cultivo de los camarones que luego se consumen en Occidente. Los arrecifes coralinos están registrando una suerte similar y, aunque las barreras naturales no hubieran evitado la formación del tsunami de Diciembre, posiblemente hubieran disminuido su efecto. La importante presencia de turismo en algunas zonas de aquélla parte del mundo tampoco ha contribuido a mejorar el efecto del desastre ya que el rápido y anárquico desarrollo de esta actividad económica casi siempre tiene un efecto negativo para las condiciones medioambientales. Si admitimos por tanto que estos fenómenos son multicausales, no debemos desdeñar entonces el importante peso que la pobreza y las deficiencias que le son consustanciales en infraestructuras, en vivienda y en comunicación, tiene sobre el resultado final del desastre.
En una época en la que tanto se habla de las amenazas a la seguridad mundial conviene decir que cuando la seguridad humana se halla amenazada en cualquier parte del mundo puede afectar a la seguridad de la gente de otras partes. O de todas. Las hambrunas, los conflictos étnicos, la desintegración social, el terrorismo, la contaminación y el tráfico de drogas ya no se limitan a las fronteras nacionales. Surgen permanentemente retos a la seguridad global porque las amenazas del interior de los países afectan enseguida a los demás, como lo hacen los gases que producen el efecto invernadero o el narcotráfico. Pero con frecuencia interesada se olvida que otras amenazas siembran su mundialización a causa de las disparidades entre los países, que impulsan a millones de personas a abandonar el suyo y dirigirse a otro con el objeto de mejorar su nivel de vida. Y la desigualdad respecto al ingreso y al poder político produce una frustración que con frecuencia se transforma en conflicto civil entre grupos, ya se trate de étnicos, religiosos o sociales.
El proceso de urbanización del mundo, en especial en las circunstancias de falta de planificación y de desarrollo de infraestructuras y servicios en que se produce en los países pobres, determina un exceso importante de riesgo vital para las personas. Así en los países ricos, donde el 75% de las personas vive en ciudades, tan sólo el 6% lo hacen en asentamientos precarios, mientras que en los países en desarrollo, con un 40% de la población urbana, habitan en asentamientos precarios, viviendas sin condiciones y zonas de gran vulnerabilidad para fenómenos naturales un 43% de la población, es decir casi 900 millones de personas en el mundo.
Por lo tanto es importante considerar que tras una catástrofe natural de envergadura la necesidad de asistencia es diferencial en relación a las horas transcurridas desde el desastre, el tipo de desastre y la cantidad de población afectada. En un primer momento las actividades básicas de ayuda se circunscriben en lo que podemos llamar como de “socorro y salvamento”. Esta fase es, en general, corta, suele requerir un gran dispositivo logístico (hombres y medios materiales) y la cantidad de personas en condiciones de beneficiarse de ese despliegue suele ser pequeño (enterrados entre los escombros de las casas tras un terremoto, personas encaramadas en tejados o árboles tras una inundación, etc). Pasada esta fase que es aguda y de gran impacto mediático (se trata de la hora de los reporteros), emerge otro tipo de necesidades, que tienen que ver con la supervivencia de un mayor número de personas (los damnificados), cuya atención suele requerir menos esfuerzo logístico y de recursos humanos externos, y presenta una ecuación coste/ beneficio en vidas humanas mucho mayor.
Generalmente lo que conmueve, lo que moviliza las conciencias y en donde se esfuerzan los gobiernos, aunque sólo sea para acallar las voces y exigencias de futuros votantes, es en todo lo que tiene que ver con la fase de recate. Es durante esa fase cuando se emiten las grandes promesas de ayuda y los grandilocuentes compromisos de fondos que, por lo general, después se olvidan. Desde esta perspectiva no existe ninguna institución con tanta capacidad logística de intervención en esta primera fase como el ejército, bien sea local o foráneo. Si bien desde estas páginas hemos denunciado el uso fraudulento que dan a la llamada ayuda humanitaria los gobiernos en caso de conflicto bélico o civil, no suele ser este el caso de las actuaciones que se registran en caso de una emergencia por un desastre natural. No obstante, y como se ha demostrado durante las intervenciones internacionales realizadas tras el reciente tsunami, en determinadas zonas de Sri Lanka y Aceh (Indonesia), la principal dificultad para la distribución de la ayuda humanitaria ha provenido del hecho de que los propios ejércitos tomasen las riendas de la ayuda, en una actitud que los grupos rebeldes locales identificaron como una estrategia hegemónica y represiva que dificultó, finalmente, la llegada de la misma a grandes cantidades de personas.
A pesar de todo las necesidades de ayuda suelen ser moderadas y las situaciones de los supervivientes, en general, poco comprometidas si no existen desplazamientos masivos de población. Estos son raros en caso de catástrofes naturales, siendo más propios de las llamadas emergencias complejas, producidas por la guerra, la represión y la violencia política. Por eso la asistencia humanitaria suele ser más necesaria si existe gran cantidad de población desplazada.
Una correcta asistencia humanitaria es aquélla que se anticipa a los problemas, los identifica en la medida en que se presentan, y pone a disposición de las víctimas los suministros adecuados en los lugares donde son más necesarios. En las fases menos agudas de una emergencia la capacidad logística para transportar una gran cantidad de bienes y personas desde el exterior reviste, en general, una importancia menor. En esas circunstancias el apoyo más eficaz es la donación de dinero porque permite adquirir los suministros en los mercados locales. La mayor parte de la asistencia humanitaria, si es posible, debe provenir de la población y las autoridades locales. La ayuda exterior debe, sobretodo, atender aquellas necesidades de los supervivientes que ellos mismos no puedan atender. La experiencia nos demuestra que la reacción social que se produce entre las personas que sobreviven a una catástrofe de grandes dimensiones suele ser grande, y paradójicamente, con gran sentido de la organización.
El último tsunami de Diciembre incrementó de manera notable la solidaridad mundial (lo podemos llamar el conocido y reiterado ataque de solidaridad) pero los países acreedores, finalmente, se negaron a contraer compromisos relativos a la condonación de la deuda exterior que mantienen con ellos los países pobres más afectados por el desastre. Se repitió, por tanto, lo acontecido tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica en 1998. El pesado lastre de la deuda que soportan estos países dificulta de manera notable su recuperación. No se debe olvidar aquí que desde los años 90 los países en desarrollo, en conjunto, devuelven más deuda anualmente que el monto que reciben en total en concepto de ayuda al desarrollo (en el año 2003, 375 mil millones de dólares contra 68 mil millones).
Los que tuvimos la ocasión de vivir en Centroamérica el paso destructor del huracán Mitch, y asistimos con cierta perplejidad a la incesante y a veces obscena ceremonia de la solidaridad que se desató hacia aquéllos países, creímos entonces de verdad que, por encima de la mera reconstrucción, aquél derroche de colaboración prometida podía ser la gran oportunidad para el salto al desarrollo de esa deprimida región del mundo. Nada más lejos de lo que, con el tiempo, ha llegado a convertirse tanta promesa olvidada y nunca cumplida: estas llegaron a ser de 9.000 millones de dólares en la cumbre de Estocolmo de 1999, pero a finales del año 2001 no se había recibido en la región ni la mitad de ese monto. Mal espejo para mirarse ahora si es que lo hacen los países afectados por la última y brutal catástrofe.
Por mucho que se insita es difícil valorar suficientemente el peso que eso que llamamos vulnerabilidad tiene en las consecuencias de los fenómenos naturales. Esa lección la aprendí muy bien en Tegucigalpa (la mítica montaña de plata de los primeros colonizadores) pocas horas después del paso del huracán Mitch en los últimos días de Octubre de 1998. Recuerdo que pasé todo el día recorriendo aquélla devastación en que se habían convertido los márgenes del río Choluteca a su paso por la capital: todas las casitas de los bordes (levantadas con “casi nada” porque casi nada tenían los pobladores que decidieron instalarse en aquélla ribera peligrosa que a nadie interesaba) habían sido arrancadas de cuajo por el río encolerizado y su carga de hombres, niños, mujeres y enseres engullida por él en pocos minutos. Los restos de escombros, cadáveres, y lodo se amontonaban, como si de una visión espectral se tratara, por todas partes en los barrios bajos próximos al río. Esa misma tarde, y a requerimiento del Embajador de España, visité su casa en uno de los barrios residenciales de la ciudad. Era un barrio de la zona alta con casas sólidas y calles asfaltadas. El panorama era tan diferente que no hacía más que preguntarme no ya si era posible que estuviéramos en la misma ciudad donde había observado esas escena terribles pocas horas antes, sino si podía ser cierto que, en realidad, esas calles casi impolutas que mostraban como toda señal del desastre algún poste de la luz inclinado o alguna rama en suelo, pudieran estar a pocos centenares de metros del borde de aquél río que engulló todo lo que pudo y vomitó, allí mismo, lo que no se quiso llevar.
Las posibilidades reales de las intervenciones de rescate y socorro inmediato son muy escasas aunque resulten muy publicitarias. Es una actividad difícil porque exige inmediatez para ser efectiva y requiere un gran despliegue logístico, técnico (aviones, helicópteros, barcos) y de recursos humanos especializados que generalmente deben proceder de fuera. Si bien su utilidad puede ser relativa quizás fuera posible con un esfuerzo internacional (en realidad hablamos de montos muy inferiores a los que se emplean en actividades bélicas) preparar en determinadas zonas del mundo muy vulnerables ante determinados fenómenos dispositivos internacionales (quizás cascos azules) con una dirección multilateral (posiblemente la Agencia de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, OCHA), muy bien dotados y con gran capacidad de intervención inmediata (aeronaves, almacenes con alimentos, agua, medicinas, mantas, etc). Sería suficiente para el socorro y el rescate y liberaría a los ejércitos de terceros países de esta actividad que, en ocasiones, colisiona llamativamente con la preceptiva imparcialidad que debe revestir la ayuda humanitaria, especialmente si la catástrofe ocurre en zonas de conflicto.
La ayuda más efectiva sería y es la que debe aplicarse a continuación, tras la fase aguda, mediante una certera y profesional evaluación de las necesidades de los supervivientes, apoyándose en las potencialidades y los recursos locales, en especial con donaciones económicas exteriores (preferentemente de las que se prometen y, después, se dan), cuya gestión podía realizar alguna institución independiente, y con el apoyo técnico y tecnológico adecuado. Recompensar a las poblaciones que más sufren estos excesos de la naturaleza desbocada con propinas de solidaridad mirando al futuro, como la condonación de las deudas externas, sería la mejor manera de ponerle cara a esa pretendida solidaridad internacional que tanto se cacarea en los días sucesivos a un desastre, pero que tan pronto se olvida cuando los enviados especiales de las cadenas de televisión y los reporteros de los periódicos recogen sus bártulos y se van a otra parte porque allí se acabaron las imágenes y hasta las historias que remueven las conciencias y espolean la vergüenza colectiva.
José Manuel Díaz Olalla.
Médico Cooperante
(Publicado en la Revista Temas para el Debate, Julio 2005)
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