Congo: la catástrofe humana interminable

Existe una ecuación muy común en el atormentado panorama del mundo actual que, no por advertida hasta la saciedad, deja de sorprendernos cada vez que nos enfrentamos a ella. La formulación puede hacerse en estos términos: “país en desarrollo, especialmente si es muy pobre, que atesora muchas riquezas naturales”. No se trata de una incongruencia. Al contrario, se da mucho. De entrada esa combinación equivale a decir violencia, corrupción y pueblos condenados a padecer todo tipo de atropellos. Sobre todo si a este “escenario” inicial le añadimos algunos ingredientes adicionales también muy frecuentes, tales como: fragilidad del Estado y avidez sin límites de vecinos y/o potencias extranjeras. Cuando se da el síndrome completo el resultado en términos de los derechos de las personas es definitivamente fatal. En estas adversas circunstancias las penurias de la gente pueden multiplicarse hasta el infinito.

Mirando las imágenes de televisión sobre lo que sucedía este pasado mes de Noviembre en la ciudad de Goma, en la Región de Kivú Norte, la zona otrora turística del Este de la República Democrática del Congo, tuve el convencimiento de que estaba viendo imágenes de aquel mismo lugar tomadas en Julio de 1994. Eso sospeché y aún ahora me cuesta dejar de creerlo por más que el periodista que relataba la crónica insistiera en que las imágenes de los campos de refugiados (Mugunga, Bukavu) estaban tomadas el día anterior a la emisión. Significa eso que todo sigue dramáticamente igual. Bueno, en realidad lo que no cambió fueron los lugares, el espacio físico, los criminales que provocan la barbarie ni los potentados sin escrúpulos que los apoyan, arman y manejan, como si de muñecos se trataran, a miles de kilómetros. Tan sólo hay una sutileza que no pude apreciar al primer golpe de vista seguramente por mis limitaciones para percibir las diferencias fenotípicas más comunes en aquéllas latitudes. Un pequeño detalle que es tan insignificante como lo son quienes lo protagonizan: los niños semidesnudos, las mujeres hambrientas cargadas de pertrechos inservibles o los hombres harapientos y descalzos que vi en la televisión son otros distintos a los que pude observar y atender en aquellos trágicos días de hace 14 años. Los que ocupan ahora la pantalla, tan a su pesar, son otros. Aquellos a quienes recuerdo al exigirle un poco más a mi memoria algo enclenque, murieron todos. O casi todos. Prácticamente ninguno de aquél millón de seres humanos que protagonizó lo que los medios de la época llamaron el mayor desastre humanitario de los tiempos actuales, vive ya... “El mayor desastre humano”, hubiera titulado yo la crónica de esos lejanos días con más propiedad, culminó con que la mayoría perdió la vida en el intento inútil y desesperado de conservarla en aquéllas condiciones tan hostiles... Pero tan triste es comprenderlo como convencerse de que allí “el material humano” importa poco. Se cambia por otro y se sigue expoliando. “Hay de sobra”, han de pensar algunos. Sobra de todo: coltán, diamantes, oro, cobalto... y gente a la que vapulear miserablemente. Lo único que no cambia y que no debe variar para beneficio de unos pocos es el escenario material (el lugar físico donde se concentran las reservas más importantes del mundo de algunos recursos naturales) y los otros actores: los que dirigen y los que ejecutan. Las órdenes y los hombres.

Es bueno, casi siempre, recordar cómo empezó todo. Aporta perspectiva y ayuda a comprender. Los antecedentes se remontan, tras la descolonización, a las décadas de explotación protagonizadas por el dictador Mobutu. El genocidio ruandés de 1994 y el posterior éxodo de cientos de miles de personas al vecino Congo (en aquélla época Zaire) marcó un punto de inflexión determinante en la deriva posterior de los acontecimientos. La inestabilidad que la presencia de tal cantidad de refugiados generó en la zona y la amenaza que ello significaba fue suficiente para que Ruanda justificara la guerra civil que provocó y sostuvo mediante la intervención de grupos guerrilleros intermediarios en 1996. Esa guerra que ha tenido exacerbaciones cíclicas y cuyos coletazos más recientes son los que observamos ahora, oculta en realidad la avidez y la codicia sin límites de Ruanda y de otros vecinos. El resultado inmediato es la tragedia humana causada por la primera guerra mundial africana, tal y como le definió la Sra. Madeleine Albright. Esa barbaridad se resume hoy, contabilizando sólo el periodo 1996-2008 y dejando aparte el genocidio ruandés de 1994, en más de 5 millones de muertos y varios millones de desplazados. Estos últimos en realidad componen una nómina discontinua e intercambiable, porque frecuentemente dejan de ser desplazados, pasando a restar en esa lista, para entrar a sumar en la otra, en la de fallecidos. Es el tránsito habitual en las estadísticas de las organizaciones internacionales. Se relata así: uno sale de su casa con su familia ante la presión insoportable de hombres armados de cualquier pelaje y bandera ante el temor de ser aniquilado inmediatamente, pasa varios años después mendigando caridad y ayuda humanitaria en campos de refugiados que debe abandonar frecuentemente ante la amenaza de otros hombres armados, o de los mismos, hasta que un día el cólera, el sarampión, el hambre o un tiro pone punto final a esa precaria subsistencia. De esta manera a día de hoy un millón de personas desplazadas de sus hogares se concentra en diferentes lugares al Norte del lago Kivú, viviendo al límite la experiencia improbable de no pasar a engrosar, finalmente, la siniestra y definitiva lista que confeccionan mensualmente ONG’s y agencias internacionales.

Congo nunca estará en paz mientras no se extinga la maldición histórica cuyos efectos sufre sin tregua: esconder bajo su suelo fabulosos recursos naturales. Se sabe que allí están los más puros y grandes depósitos naturales de niobio, casiterita, oro, diamantes y heterogenita . Allí se guarda el 30% del cobalto de todo el mundo, el 10% del cobre y el 80% del coltán. Este mineral (formado por la columbita y la tantalita) es, en la actualidad, uno de los más codiciados pues en pequeñas dosis es indispensable para la fabricación de tecnología electrónica de masiva demanda (teléfonos móviles, ordenadores, equipos de radiodiagnóstico, etc). En los últimos años Ruanda y sus grupos satélites han saqueado, acaparado y, después, vendido a un excelente precio, el coltán congoleño de las zonas que controlan. Esta situación insólita ha merecido condenas unánimes de las Naciones Unidas, institución que recordó recientemente que mientras el 80% de la población de Congo vive con menos de 30 centavos de dólar al día, millones de dólares salen diariamente del país para engordar abundantemente los bolsillos de intermediarios, gobiernos vecinos y empresas multinacionales. Adivinamos que se cierne además sobre aquél país un futuro bastante sombrío cuando conocemos que, para colmo de males, se ha descubierto que en el lago Kivú se encuentran también fabulosas reservas de gas prácticamente sin explotar.

Como ya se esbozó, el otro problema de Congo, que tiene que ver con el de ser tan rico en recursos naturales, son sus vecinos. Se trata de un vecindario muy poco recomendable, con mucha artillería, pocos escrúpulos y ningún interés por la gente. Esos países que con tanta saña saquean Congo lo hacen inducidos por las grandes compañías mundiales que son las destinatarias de los productos extraídos y quienes hacen el gran negocio final. La comunidad internacional y las grandes potencias ignoran lo que ocurre y dejan que esas poderosas empresas impongan la ley de la selva y contribuyan a pisotear los derechos más elementales de millones de personas. En realidad algo bastante frecuente en el mundo de hoy: los gobiernos de las potencias (locales y mundiales) se pliegan a los intereses de quienes en realidad gobiernan el mundo: las grandes compañías multinacionales. Los ejércitos se convierten, al final, en meros instrumentos de los intereses de aquéllas. En este panorama crónico desolador un nuevo elemento, otro actor, ha hecho su aparición para enredarlo todo un poco más y provocar el reavivamiento del conflicto en su versión actual. Ese actor se llama China. El gobierno de Congo, es decir el propietario legal de los recursos de aquél país, ha firmado una serie de acuerdos comerciales con el gigante asiático para venderle parte del coltán que se extrae en su territorio. Esto ha contrariado los planes de Ruanda, el principal beneficiario del expolio de ese mineral y, a través de su guerrilla-títere (Reagrupamiento Congoleño para la Democracia, RCD) dirigida por Laurent Nkunda, ha reactivado las hostilidades en Kivú Norte para impedir que el gobierno de Congo controle aquélla zona tan rica en ese mineral y pueda cumplir sus compromisos con China. Ahora Ruanda y sus satélites, las guerrillas pero también países como Uganda, representan en el escenario de conflicto la agrupación de intereses contrarios a la presencia de China en África y en la comercialización de sus recursos.

Mientras los escenarios se renuevan y algunos actores cambian, los extras de esta historia, la población civil congoleña, sigue padeciendo la brutalidad de las consecuencias de esta fiebre de algunos por enriquecerse sin límite. Porque este conflicto se ha caracterizado desde el punto de vista de la situación humanitaria por tres aspectos especialmente deplorables: los ataques indiscriminados y brutales contra la población civil, la violación sistemática de las mujeres y el reclutamiento forzoso de niños para abastecer a los grupos guerrilleros. A pesar de la multitud de denuncias e iniciativas de todo tipo que han intentado que acaben la guerra y los abusos, hasta ahora los resultados han sido infructuosos. Las organizaciones humanitarias, empezando por la fuerzas de Naciones Unidas para ese conflicto (MONUC), se han mostrado ineficaces para defender a la población civil. El mundo, mientras eso ocurre, se muestra incapaz de detener las atrocidades y los crímenes, que es lo mismo que decir inútil a la hora de conseguir que los países involucrados en el conflicto (Congo, Uganda, Ruanda, Zimbabwe y Angola) abandonen sus intereses ilegítimos en ese país y/o desmonten sus maquinarias de guerra y las de sus grupos satélites.

Otro mundo es posible, nos han dicho como enunciando una utopía hermosa, sobre todo si un nuevo orden mundial impusiera que, en el final de esta cadena, las grandes compañías se movieran con criterios éticos y no solamente económicos y dejaran de alimentar conflictos tan terribles como este. Una nueva política exterior de Estados Unidos, que quizás pueda llegar a darse en los próximos años, ayudaría a transformar esta realidad tan injusta.

Aunque tal y como funcionan las cosas el hecho de que la inmensa mayoría del pueblo norteamericano desconozca hoy lo que pasa en Congo, porque ningún medio de comunicación de alcance en aquél país ha contado nunca nada de ello, nos hace pensar que el nuevo gobierno de Obama no se sentirá muy presionado para solucionar este problema.


José Manuel Díaz Olalla, Médico Cooperante

(Publicado en Temas para el debate, ISSN 1134-6574, Nº. 170 (en.), 2009 (Ejemplar dedicado a: La nueva arquitectura internacional), pags. 62-64

Nota: la fotografía que encabeza el artículo está tomada de elproyectomatriz.wordpress.com/.../, de Jon Sobrino

LAS LECCIONES DEL KATRINA

Algunas reflexiones sobre la crisis humana y política desatada por el paso del huracán por el sur de Estados Unidos

De entre las cosas que más me impresionaron las primeras veces que atendí a los supervivientes de alguna catástrofe natural ocurrida en algún país pobre fue esa sensación desoladora de que, allí, el estado no existía. Yo ya sabía que esa orfandad era un mal crónico que mostraba sus efectos todos los días en forma de abandono y de olvido de las necesidades básicas de la gente. En situación basal esa ausencia presentida y sufrida por todos se hacía muy difícil, pero en determinadas situaciones límite la carencia superaba lo imaginable. Nadie, a excepción de algunos amigos, unos pocos familiares, y escasos vecinos, además de las organizaciones de ayuda extranjeras, se preocupaba por la suerte y el futuro de las personas que, a duras penas, habían logrado sobrevivir a los letales soplos de un huracán o a las violentas sacudidas de tierra de un terremoto. Jamás aparecía una institución, una autoridad, o alguien que en el nombre de la colectividad e investido por ella se hiciera responsable de lo ocurrido o asumiera compromisos de futuro con los damnificados. Nunca olvidaré como, bastantes meses después del paso del huracán Mitch por Centroamérica, el equipo de asistencia humanitaria en el que trabajaba descubría a diario pueblos, lugares, aldeas o comunidades en el monte a los que nadie, aún, se había acercado a preguntar, siquiera, si allí había pasado algo. Si pasó, los propios vecinos y familiares se las apañaron como pudieron: enterraron sus muertos y se fueron. Y los que no lo hicieron, se quedaron a empezar otra vez de nuevo.

Si el estado se creó para defender al débil del poderoso, cuando el hombre se enfrenta sólo al feroz embate de la naturaleza ciega, la presencia de aquél se hace imprescindible. A fuerza de vivir estos efectos en aquéllos países y de elaborar la constante teoría de que tan responsable de la muerte y la destrucción es la naturaleza como el subdesarrollo, se nos había olvidado que la carencia del estado también se observa en el mundo desarrollado y rico. Se nos había olvidado calcular que, por encima de las cifras del PIB per cápita y de los grandes indicadores macroeconómicos, falta de estado y subdesarrollo son sinónimos para la mayoría de los que lo padecen. Y que, por lo tanto, ante la catástrofe inevitable y cruel, el débil puede estar tan desprotegido en Haití como en su poderoso vecino del Norte. La calamidad nos recordó que la ausencia de estado les hacía iguales, y que el presente y el futuro de los afroamericanos pobres sobrevivientes del Katrina en Nueva Orleáns y el de los indonesios que no sucumbieron al tsunami de la pasada Navidad es muy similar.

El terrible paso del ciclón tropical de nivel tres denominado Katrina por el golfo de México durante los últimos días de Agosto y sus contundentes efectos en los estados del Sur de Estados Unidos nos deben hacer reflexionar a todos. En especial a los norteamericanos y a su clase política. De esta manera podrían plantearse, por ejemplo, si las políticas ultraliberales en las que persiste el gobierno republicano y que conducirán en la práctica al desmantelamiento del Estado, o mejor dicho, de lo que queda de él, son el mejor camino para conseguir el bienestar de la mayoría y avanzar hacia la justicia social. Plantearse, por ejemplo, si se puede confiar en un gobierno que tiene dificultades para trasladar efectivos de ayuda al delta del río Misisipi, en plena necesidad vital de miles de ciudadanos, porque una gran parte de los soldados que podría movilizar se encuentra invadiendo otro país de una manera injusta e ilegal, tras una guerra inventada sobre la base de la mentira y la manipulación.

Si los norteamericanos reflexionasen sobre lo que ha pasado en el Sur de la confederación quizás aún pudieran sacar cuentas y calcular cuántas vidas no se hubieran perdido estérilmente en Nueva Orleáns si el gobierno hubiera utilizado el monto que se gasta en dos semanas de esa guerra injusta en mejorar las defensas naturales y los diques de contención de una ciudad que, en un 70% de su superficie, está construida por debajo del nivel del mar. Si el pueblo norteamericano tuviera la clarividencia suficiente como para revisar algunas cuestiones vividas en los últimos meses quizás podría plantearse qué significa en realidad que su presidente pida ayuda internacional y que otros países mucho menos ricos, aunque honrados, como el nuestro, decida acudir en auxilio de los ciudadanos afectados, movilice reservas estratégicas de carburantes y, de paso, tenga que detraer inevitablemente importantes cantidades de la cuenta destinada a socorrer a los países más necesitados de África Subsahariana.

El 30% de los norteamericanos que viven en Nueva Orleáns lo hacen por debajo del umbral de la pobreza. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y uno de los más ricos (la cuarta renta per cápita del mundo con sus más de 37 mil dólares al año), pero uno de los que mayor desigualdad social acumula. Los indicadores traducen, inexorables, los resultados de una política económica injusta e intolerable para la mayoría de los ciudadanos. Ha declarado el ex secretario de estado Powell, ante las críticas que arreciaban contra el gobierno del que formó parte, que en la gestión de la crisis del Katrina no ha habido racismo. Que el hecho de que la mayor parte de los muertos, desaparecidos, heridos, damnificados y despojados de todo hayan sido negros no significa que se haya priorizado la atención a los blancos. En realidad lo que ha ocurrido es que se ha primado la atención a los más ricos, o mejor dicho, que ante la ausencia de instituciones públicas que atendieran equitativamente a los que más lo necesitaban, se implantó la ley de la selva, que en su primer artículo dice que cuanto mejor sea tu tarjeta de crédito más posibilidades tienes de salvarte, y en el segundo, que si vienen mal dadas que se salve quien pueda .

Y los más ricos, casualidades de la vida, son los blancos. Es decir, Colin Powell, por esta vez y a diferencia de lo que hizo en otra declaración suya en Naciones Unidas que aún recordamos, ha dicho la verdad: quien es racista no es el señor Bush y su gobierno, quien es racista es la política antisocial que practica y el sistema económico que defiende.

Sería bueno que esta terrible tragedia sirviera, al menos, para que el pueblo norteamericano reflexionase sobre su clase dirigente y sobre las políticas económicas y sociales que está llevando a cabo. Voces y movimientos críticos dentro de aquél país se comienzan a elevar con poderosos timbres. Despejar el camino para otros escenarios políticos sería un gran avance para el bienestar de ese pueblo y el de los demás. Quienes en nuestro país representan esas ideas y defienden esas políticas, nuestros neocons, no deberían perder la oportunidad de sacar también sus conclusiones. Y, si esto no es posible, que al menos lo hagan sus votantes.


José Manuel Díaz Olalla
Médico cooperante
(Publicado en la Revista Temas para el Debate,
Julio de 2006)

La atención internacional a las víctimas de los desastres

Mucha propaganda, pocos hechos.



El 26 de Diciembre del año 2004, el desplazamiento de unos 20 metros de una de las cuatro placas tectónicas que confluyen en el Sudeste Asiático liberó una potencia equivalente a 30.000 bombas atómicas, produciendo un maremoto que, tras generar una terrible ola sísmica (tsunami) provocó unos 300.000 muertos. Un triste récord de mortandad tan sólo superado por la mayor catástrofe en vidas humanas conocida: la provocada por el terremoto ocurrido en Shansi (China) en el año 1556 que causó aproximadamente 830.000 fallecidos. El tsunami dejo, además, más de un millón de personas sin hogar, y generó pérdidas económicas superiores a 10 mil millones de dólares.

Cada vez se observa más nítidamente la relación inapelable que existe en determinadas zonas del planeta entre deterioro medioambiental por efecto de la acción humana y vulnerabilidad de las poblaciones ante los desastres naturales. En Centroamérica, por ejemplo, los estudiosos no abrigan duda alguna respecto a la franca correlación entre la intensiva deforestación y el incremento de las inundaciones y los deslizamientos de tierras. En este contexto también resulta muy evidente la conexión entre el calentamiento que se está registrando en la corteza terrestre y la frecuencia de determinados fenómenos naturales extremos, como pueden ser las depresiones tropicales.

El elevado número de muertos registrados en el evento del que hablamos no es fruto de la casualidad. La elevada densidad de población en las costas de los países afectados, donde una gran parte de las personas habita en asentamientos sin condiciones, les convierte en especialmente vulnerables ante este tipo de fenómenos. En el Sudeste Asiático más de tres cuartas partes de la población vive en las costas porque dependen del mar para su alimentación (del mar dependen los empleos y los ingresos de la mayoría), ya que el pescado es la proteína más barata que allí es posible encontrar. Pero la sobreexplotación de los recursos naturales se sitúa también en la base de la magnitud del desastre. En esta zona del mundo en los últimos años se han talado miles de kilómetros cuadrados de manglares, que tienen un conocido efecto amortiguador de los efectos del mar sobre la costa, con el objeto de intensificar al extremo el cultivo de los camarones que luego se consumen en Occidente. Los arrecifes coralinos están registrando una suerte similar y, aunque las barreras naturales no hubieran evitado la formación del tsunami de Diciembre, posiblemente hubieran disminuido su efecto. La importante presencia de turismo en algunas zonas de aquélla parte del mundo tampoco ha contribuido a mejorar el efecto del desastre ya que el rápido y anárquico desarrollo de esta actividad económica casi siempre tiene un efecto negativo para las condiciones medioambientales. Si admitimos por tanto que estos fenómenos son multicausales, no debemos desdeñar entonces el importante peso que la pobreza y las deficiencias que le son consustanciales en infraestructuras, en vivienda y en comunicación, tiene sobre el resultado final del desastre.

En una época en la que tanto se habla de las amenazas a la seguridad mundial conviene decir que cuando la seguridad humana se halla amenazada en cualquier parte del mundo puede afectar a la seguridad de la gente de otras partes. O de todas. Las hambrunas, los conflictos étnicos, la desintegración social, el terrorismo, la contaminación y el tráfico de drogas ya no se limitan a las fronteras nacionales. Surgen permanentemente retos a la seguridad global porque las amenazas del interior de los países afectan enseguida a los demás, como lo hacen los gases que producen el efecto invernadero o el narcotráfico. Pero con frecuencia interesada se olvida que otras amenazas siembran su mundialización a causa de las disparidades entre los países, que impulsan a millones de personas a abandonar el suyo y dirigirse a otro con el objeto de mejorar su nivel de vida. Y la desigualdad respecto al ingreso y al poder político produce una frustración que con frecuencia se transforma en conflicto civil entre grupos, ya se trate de étnicos, religiosos o sociales.

El proceso de urbanización del mundo, en especial en las circunstancias de falta de planificación y de desarrollo de infraestructuras y servicios en que se produce en los países pobres, determina un exceso importante de riesgo vital para las personas. Así en los países ricos, donde el 75% de las personas vive en ciudades, tan sólo el 6% lo hacen en asentamientos precarios, mientras que en los países en desarrollo, con un 40% de la población urbana, habitan en asentamientos precarios, viviendas sin condiciones y zonas de gran vulnerabilidad para fenómenos naturales un 43% de la población, es decir casi 900 millones de personas en el mundo.

Por lo tanto es importante considerar que tras una catástrofe natural de envergadura la necesidad de asistencia es diferencial en relación a las horas transcurridas desde el desastre, el tipo de desastre y la cantidad de población afectada. En un primer momento las actividades básicas de ayuda se circunscriben en lo que podemos llamar como de “socorro y salvamento”. Esta fase es, en general, corta, suele requerir un gran dispositivo logístico (hombres y medios materiales) y la cantidad de personas en condiciones de beneficiarse de ese despliegue suele ser pequeño (enterrados entre los escombros de las casas tras un terremoto, personas encaramadas en tejados o árboles tras una inundación, etc). Pasada esta fase que es aguda y de gran impacto mediático (se trata de la hora de los reporteros), emerge otro tipo de necesidades, que tienen que ver con la supervivencia de un mayor número de personas (los damnificados), cuya atención suele requerir menos esfuerzo logístico y de recursos humanos externos, y presenta una ecuación coste/ beneficio en vidas humanas mucho mayor.

Generalmente lo que conmueve, lo que moviliza las conciencias y en donde se esfuerzan los gobiernos, aunque sólo sea para acallar las voces y exigencias de futuros votantes, es en todo lo que tiene que ver con la fase de recate. Es durante esa fase cuando se emiten las grandes promesas de ayuda y los grandilocuentes compromisos de fondos que, por lo general, después se olvidan. Desde esta perspectiva no existe ninguna institución con tanta capacidad logística de intervención en esta primera fase como el ejército, bien sea local o foráneo. Si bien desde estas páginas hemos denunciado el uso fraudulento que dan a la llamada ayuda humanitaria los gobiernos en caso de conflicto bélico o civil, no suele ser este el caso de las actuaciones que se registran en caso de una emergencia por un desastre natural. No obstante, y como se ha demostrado durante las intervenciones internacionales realizadas tras el reciente tsunami, en determinadas zonas de Sri Lanka y Aceh (Indonesia), la principal dificultad para la distribución de la ayuda humanitaria ha provenido del hecho de que los propios ejércitos tomasen las riendas de la ayuda, en una actitud que los grupos rebeldes locales identificaron como una estrategia hegemónica y represiva que dificultó, finalmente, la llegada de la misma a grandes cantidades de personas.

A pesar de todo las necesidades de ayuda suelen ser moderadas y las situaciones de los supervivientes, en general, poco comprometidas si no existen desplazamientos masivos de población. Estos son raros en caso de catástrofes naturales, siendo más propios de las llamadas emergencias complejas, producidas por la guerra, la represión y la violencia política. Por eso la asistencia humanitaria suele ser más necesaria si existe gran cantidad de población desplazada.

Una correcta asistencia humanitaria es aquélla que se anticipa a los problemas, los identifica en la medida en que se presentan, y pone a disposición de las víctimas los suministros adecuados en los lugares donde son más necesarios. En las fases menos agudas de una emergencia la capacidad logística para transportar una gran cantidad de bienes y personas desde el exterior reviste, en general, una importancia menor. En esas circunstancias el apoyo más eficaz es la donación de dinero porque permite adquirir los suministros en los mercados locales. La mayor parte de la asistencia humanitaria, si es posible, debe provenir de la población y las autoridades locales. La ayuda exterior debe, sobretodo, atender aquellas necesidades de los supervivientes que ellos mismos no puedan atender. La experiencia nos demuestra que la reacción social que se produce entre las personas que sobreviven a una catástrofe de grandes dimensiones suele ser grande, y paradójicamente, con gran sentido de la organización.

El último tsunami de Diciembre incrementó de manera notable la solidaridad mundial (lo podemos llamar el conocido y reiterado ataque de solidaridad) pero los países acreedores, finalmente, se negaron a contraer compromisos relativos a la condonación de la deuda exterior que mantienen con ellos los países pobres más afectados por el desastre. Se repitió, por tanto, lo acontecido tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica en 1998. El pesado lastre de la deuda que soportan estos países dificulta de manera notable su recuperación. No se debe olvidar aquí que desde los años 90 los países en desarrollo, en conjunto, devuelven más deuda anualmente que el monto que reciben en total en concepto de ayuda al desarrollo (en el año 2003, 375 mil millones de dólares contra 68 mil millones).

Los que tuvimos la ocasión de vivir en Centroamérica el paso destructor del huracán Mitch, y asistimos con cierta perplejidad a la incesante y a veces obscena ceremonia de la solidaridad que se desató hacia aquéllos países, creímos entonces de verdad que, por encima de la mera reconstrucción, aquél derroche de colaboración prometida podía ser la gran oportunidad para el salto al desarrollo de esa deprimida región del mundo. Nada más lejos de lo que, con el tiempo, ha llegado a convertirse tanta promesa olvidada y nunca cumplida: estas llegaron a ser de 9.000 millones de dólares en la cumbre de Estocolmo de 1999, pero a finales del año 2001 no se había recibido en la región ni la mitad de ese monto. Mal espejo para mirarse ahora si es que lo hacen los países afectados por la última y brutal catástrofe.

Por mucho que se insita es difícil valorar suficientemente el peso que eso que llamamos vulnerabilidad tiene en las consecuencias de los fenómenos naturales. Esa lección la aprendí muy bien en Tegucigalpa (la mítica montaña de plata de los primeros colonizadores) pocas horas después del paso del huracán Mitch en los últimos días de Octubre de 1998. Recuerdo que pasé todo el día recorriendo aquélla devastación en que se habían convertido los márgenes del río Choluteca a su paso por la capital: todas las casitas de los bordes (levantadas con “casi nada” porque casi nada tenían los pobladores que decidieron instalarse en aquélla ribera peligrosa que a nadie interesaba) habían sido arrancadas de cuajo por el río encolerizado y su carga de hombres, niños, mujeres y enseres engullida por él en pocos minutos. Los restos de escombros, cadáveres, y lodo se amontonaban, como si de una visión espectral se tratara, por todas partes en los barrios bajos próximos al río. Esa misma tarde, y a requerimiento del Embajador de España, visité su casa en uno de los barrios residenciales de la ciudad. Era un barrio de la zona alta con casas sólidas y calles asfaltadas. El panorama era tan diferente que no hacía más que preguntarme no ya si era posible que estuviéramos en la misma ciudad donde había observado esas escena terribles pocas horas antes, sino si podía ser cierto que, en realidad, esas calles casi impolutas que mostraban como toda señal del desastre algún poste de la luz inclinado o alguna rama en suelo, pudieran estar a pocos centenares de metros del borde de aquél río que engulló todo lo que pudo y vomitó, allí mismo, lo que no se quiso llevar.

Las posibilidades reales de las intervenciones de rescate y socorro inmediato son muy escasas aunque resulten muy publicitarias. Es una actividad difícil porque exige inmediatez para ser efectiva y requiere un gran despliegue logístico, técnico (aviones, helicópteros, barcos) y de recursos humanos especializados que generalmente deben proceder de fuera. Si bien su utilidad puede ser relativa quizás fuera posible con un esfuerzo internacional (en realidad hablamos de montos muy inferiores a los que se emplean en actividades bélicas) preparar en determinadas zonas del mundo muy vulnerables ante determinados fenómenos dispositivos internacionales (quizás cascos azules) con una dirección multilateral (posiblemente la Agencia de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, OCHA), muy bien dotados y con gran capacidad de intervención inmediata (aeronaves, almacenes con alimentos, agua, medicinas, mantas, etc). Sería suficiente para el socorro y el rescate y liberaría a los ejércitos de terceros países de esta actividad que, en ocasiones, colisiona llamativamente con la preceptiva imparcialidad que debe revestir la ayuda humanitaria, especialmente si la catástrofe ocurre en zonas de conflicto.

La ayuda más efectiva sería y es la que debe aplicarse a continuación, tras la fase aguda, mediante una certera y profesional evaluación de las necesidades de los supervivientes, apoyándose en las potencialidades y los recursos locales, en especial con donaciones económicas exteriores (preferentemente de las que se prometen y, después, se dan), cuya gestión podía realizar alguna institución independiente, y con el apoyo técnico y tecnológico adecuado. Recompensar a las poblaciones que más sufren estos excesos de la naturaleza desbocada con propinas de solidaridad mirando al futuro, como la condonación de las deudas externas, sería la mejor manera de ponerle cara a esa pretendida solidaridad internacional que tanto se cacarea en los días sucesivos a un desastre, pero que tan pronto se olvida cuando los enviados especiales de las cadenas de televisión y los reporteros de los periódicos recogen sus bártulos y se van a otra parte porque allí se acabaron las imágenes y hasta las historias que remueven las conciencias y espolean la vergüenza colectiva.


José Manuel Díaz Olalla.
Médico Cooperante

(Publicado en la Revista Temas para el Debate, Julio 2005)

DESPUÉS DEL MITCH

Algo más de un año después del paso de aquél auténtico caballo de Atila que fue el huracán Mitch, el panorama al que podemos asomarnos en esa geografía atormentada de Centroamérica es bastante más desolador del previsto por todos apenas unos meses después de la tragedia. Y no es malo plantear por qué tantas expectativas generadas tras todos los compromisos manifestados por la comunidad internacional no han llegado a plasmarse aún en auténticos avances hacia el desarrollo de la región.

No debemos dejar de recordar que fue la comunidad internacional la que prometió aportar 9.000 millones de dólares para paliar los estragos del huracán, pero, a día de hoy, por Centroamérica parece que nunca pasaron. Sería bueno que las cifras no se convirtieran en un espejismo más y que fueramos capaces de desmenuzarlas en sus auténticos conceptos. La mayor parte de esos recursos no son donaciones en si mismos –es decir no es dinero a fondo perdido- si no que se trata de créditos blandos, que deben devolverse en buenas condiciones, y se destinan en su mayoría a la compra de materiales con objeto de la reconstrucción. Si consideramos que gran parte de las compras deben hacerse en otros países comprenderemos que este capítulo de la ayuda incrementará a medio y largo plazo esa tenaza imposible de superar para la región y que se denomina deuda externa. Otra gran cantidad de fondos contabilizados en esa cifra millonaria son partidas ya comprometidas en la ayuda a Centroamérica previa al paso del huracán que no han sido más que reorientadas tras la tragedia. Quedaría una cantidad mínima (en el caso de la ayuda oficial española apenas 5.360 millones de pesetas de los 81.000 anunciados como cooperación de nuestro pais) como ayuda no reembolsable, es decir donaciones sin retorno para paliar la emergencia.

Si acaso se ha conseguido que el vértigo de las cifras no confunda el sentido de las mismas sería bueno, 14 meses después, atender a un somero balance de los incumplimientos registrados en esa ayuda oficial. La Unión Europea, por ejemplo, no ha desembolsado nada de los 270 millones de dólares que prometió. El Banco Interamericano de Desarrollo (uno de los promotores de la reunión internacional de Estocolmo donde se anunció a bombo y platillo un auténtico Plan Marshall para la región) aún no ha puesto sobre la región ni un 25 % de los 3.000 millones de dólares prometidos. No tenemos espacio ni tiempo para abordar el destino de las ayudas oficiales, pero todos los datos apuntan a que gran parte de las obras de reconstrucción de infraestructuras que se han abordado a través de las ayudas internacionales (carreteras, puentes) han sido redestruidas por las lluvias de los últimos meses, o se han dirigido a zonas simplemente poco castigadas por el fenómeno meteorológico de Otoño de 1998 pero sobre las que había intereses y compromisos bilaterales previos.

Destacaremos no obstante que de toda la ayuda oficial española menos de un 3 % (2.200 millones de pesetas) se ejecuta en forma de ayuda a través de las ONG y que son estos programas los que, sin duda, más problemas están resolviendo al desarrollarse sobre la base de las necesidades de la población más afectada por la tragedia. Son las propias ONG las que trabajan dia a dia y codo con codo con las Organizaciones locales que agrupan a los afectados o con sus Instituciones más cercanas, las que han definido las intervenciones en análisis compartidos con los beneficiarios directos y los que vigilan en el terreno y sin intermediarios plazos y consecución de objetivos. No olvidaremos que gran parte de los recursos que las ONG españolas están destinando a la reconstrucción provienen de donativos privados aportados directamente por la sociedad civil. La respuesta de la sociedad española en ayuda a los damnificados centroamericanos fué espectacular, alcanzando cifras de captación de fondos por parte de las ONG jamás alcanzada antes. Muchos factores intervinieron en ello y en que fuera nuestro país quien más movilizara a la opinión pública: cercanía cultural, magnitud de la tragedia, afectación de sectores pobres y vulnerables, comprensión colectiva de la injusticia que supuso el huracán al ensañarse en personas inocentes, capacidad de respuesta rápida de algunas ONG, respuesta mediática y persistencia de los efectos en los medios de comunicación. En cualquier caso esa enorme reacción confirma la tendencia de la opinión pública española a respuestas solidarias puntuales de gran intensidad y muy convocadas por el sentimiento hacia los más desvalidos. La comparación con la escasa acogida a otro tipo de campañas o iniciativas de cooperación al desarrollo a medio plazo, o la desigual respuesta ante catástrofes humanas con motivo de conflictos armados o situaciones de violencia (más recientemente las graves crisis humanitarias de Kosovo o de Timor Oriental por poner dos ejemplos) nos deben hacer reflexionar a todos.

El panorama no es muy alentador como ven y parece que se frustran irremediablemente todas las esperanzas que algún día se vislumbraron como la gran oportunidad de Centroamérica para ese salto anhelado al desarrollo regional. Parecía entonces que el impulso internacional que se anunciaba iba a ser capaz no solo de alentar la superación de la crisis brutal que se cernía sobre la región si no de levantarla a cotas de desarrollo antes no imaginadas. Hoy por hoy nos podemos conformar con que las heridas se cicatricen en el menor plazo posible y nada más. Estamos diciendo, por tanto, que cuando la abrumadora mayoría de la ayuda se establece por los cauces bilaterales oficiales de pais a pais y queda condicionada por los intereses mutuos (económicos, políticos, estratégicos) y no por auténticas políticas de colaboración internacional de lucha contra, la pobreza los cambios estructurales que se requieren para situar a los pueblos en el auténtico camino del progreso se arruinan permanentemente. Y reconoceremos, a pesar de lo dicho y en honor a la verdad, que las ONG de acción humanitaria, a pesar de haber constituido una novedad fresca e importante en el panorama de la cooperación internacional, no están aún en condiciones ni tienen la capacidad de ser esa alternativa real que requiere el complejo escenario internacional.

Trajo el Mitch algunos avances en el debate y las estrategias que marcaron algunos hitos destacables. La deuda externa, en este caso de Centroamérica, y su necesaria condonación. Iniciativas de algunos países, entre ellos de España, de plantear una moratoria en el cobro, primero, y en condonarla, después, supuso un avance y un precedente interesante. Falta el asegurar que esa deuda que pasa del debe al haber de los países centroamericanos repercuta de alguna manera en mejorar las condiciones de vida del 80 % de la población que vive en la pobreza y no vuelva a ser una ayuda para el bienestar sin límites de las élites asentadas en el poder. De sobra sabemos que históricamente en Centroamérica durante las crisis las cargas las sustentan los que menos lo pueden hacer y en la bonanza la riqueza se distribuye de manera desigual y, en su mayoría, hacia el bolsillo de las élites dirigentes. Plantea el PNUD por ello que el crecimiento en América Latina es un crecimiento sin empleo (no aumentan los puestos de trabajo), sin voz (crece la economía pero no la democracia) y sin futuro (la actual generación despilfarra los recursos que necesitarán las generaciones futuras). Entonces ¿será posible revertir la inercia de la globalización –solo se globalizan las finanzas y la comunicación- para que los beneficios globales atiendan las necesidades de todos?. ¿Será posible conseguir que el excedente económico que generen algunas condonaciones de la deuda externa centroamericana se traduzcan en políticas sociales? ¿Alguien cree sinceramente que la condonación de la deuda externa a Honduras –por ejemplo y como el tercer país más corrupto del mundo según el Transparency International de 1998- se plasmará en más escuelas, en más puestos de salud, en más letrinas para la población rural y en más respeto para la dignidad de las mujeres, sin más esfuerzo que la firma de un protocolo marco y las oportunas bendiciones del FMI?. Nadie cree en milagros y mucho menos en promesas de quienes nunca las cumplen.

No hay otra alternativa para Centroamérica, y para el mundo, que los cambios estructurales desde la base. Ni siquiera las ayudas faraónicas que se anuncian cuando viene el desastre, y que por cierto luego no se materializan, van a salvar a los pueblos del subdesarrollo, la enfermedad, la miseria y la injusticia. Sobre todo si esa colaboración viene infectada por el principio inamovible de que nada debe cambiar porque a todos nos interesa que así sea.





José Manuel Díaz Olalla
Enero de 2000
Texto en la Revista-Boletín de MdM

DE LO SOSTENIBLE Y LO JUSTO (reflexiones a 6 meses del Mitch)

Asistí hace unos días, durante una visita a uno de nuestros proyectos en una de las zonas de Centroamérica más castigadas por el Huracán Mitch, a una reunión de nuestro equipo en el terreno en la que se suscitó un tema que no me resisto a explicarles.

Se trataba de debatir la respuesta que se debería dar a la Dirección del Area de Salud Pública de esa zona, quien había solicitado la colaboración de nuestro equipo en la campaña de vacunación infantil que se estaba desarrollando en el país. En concreto solicitaban que nuestros vehículos y nuestro personal (cooperantes españoles y locales) accedieran a las comunidades más inaccesibles de la montaña (donde trabajamos habitualmente) y desarrolláramos en ellas la vacunación. Cabe explicar que nuestro proyecto en la zona ha finalizado su fase de emergencia para entrar en la de rehabilitación y desarrollo, y que trabajamos coordinadamente con el Sistema Público de Salud.

Quienes dentro del equipo se oponían de alguna forma a esta colaboración argumentaban que ésta no cabía en la actual fase del proyecto, que había terminado su etapa más asistencialista, que por lo tanto todas las acciones que procedían debían ir enfocadas hacia conceptos de autosostenibilidad, y que esta colaboración que se solicitaba, por ello, no era adecuada, pues se podía generar dependencia del apoyo exterior para actividades básicas de salud pública, y, de esa forma, las autoridades sanitarias no implementarían las medidas necesarias para que en el futuro se pudieran desarrollar estas actividades de manera autónoma. Es de justicia declarar que quienes apoyaban esta idea consideraban que los que tienen la obligación de asegurar el éxito de la campaña contaban con medios y personal suficientes y simplemente trataban de inhibirse de ésta su responsabilidad en función de que había otros que podían asumirla.

Por el contrario quienes pensaban que la obligación del equipo de Médicos del Mundo era responder favorablemente a esta petición, consideraban que había un bien mayor que defender cual era el impacto en la salud de la población del éxito de la campaña, y no era posible evaluar las posibilidades reales que Salud Pública tenía de dar adecuada respuesta a esta necesidad con sus propios medios.

Se planteaba, pues y como ejercicio práctico, uno de los grandes y permanentes dilemas que nos asaltan cada día a la hora de planificar las actividades de cooperación. Cabe explicar que cada una de las posturas enunciadas son hasta cierto punto justificables y poseen su sentido a las dosis exactas que se requiere para un debate de este tipo. Sin embargo es bueno detenerse en algunas apreciaciones que quizás sirvan para arrojar algo más de luz al análisis de estas cuestiones.

No cabe duda de que la autosostenibilidad futura de los servicios y actividades que ponemos en marcha en comunidades carentes de lo más básico es premisa fundamental para encontrar el sentido y los límites exactos de nuestro trabajo. Esto es así cuando no actuamos sobre situaciones agudas si no en trabajos de cooperación sobre poblaciones en situación de necesidad crónica de bienes y servicios. De alguna manera se pierde el sentido de las cosas y se derrochan los recursos cuando se construyen puestos de salud, se brinda una asistencia sanitaria, se dota un botiquín comunitario o se realiza una campaña puntual de vacunación si no se asegura la continuidad de todo ello una vez que nuestra presencia desaparezca. Sin duda es así y por ello el planificar actividades que van a tener su continuidad autónomamente, o que van a poder ser sostenidas por los propios beneficiarios o por las instituciones públicas que tienen la responsabilidad, es una obligación de quienes trabajamos por el desarrollo de los pueblos. Cuestión diferente, al menos en el plano teórico, es cuando el objetivo de nuestro trabajo es la asistencia puntual y de urgencia sobre poblaciones en riesgo agudo (catástrofes, guerras, desplazamientos masivos, etc). En estos casos el sentido de nuestro trabajo lo encontramos en la atención puntual, inmediata y, evidentemente, no sostenible tras nuestra intervención.

Si todo ello lo asumimos de manera general conviene entrar en algunas particularidades: en primer lugar considerar que desde el punto de vista de la acción humanitaria, esto es, desde el punto de vista de que nuestro trabajo bien sea de emergencia o estructural busca la asistencia al ser humano que sufre intentando aliviar su sufrimiento, cualquier tipo de actuación que se traduzca en aliviar el dolor, o en prevenir o curar la enfermedad, aunque no pueda tener continuidad futura por nuestra parte, debe llevarse a cabo siempre que sea posible, máxime si se trata de actuaciones de gran impacto en la salud de las comunidades. En segundo lugar que la sostenibilidad, desde el punto de vista del trabajo de desarrollo en salud tiene matices diferentes a lo que ocurre en otras intervenciones de cooperación (productivas, agrícolas, etc). Sin duda las actividades en salud no pueden ser rentables, si consideramos aquí que lo rentable es sinónimo de lo automantenible, a corto plazo y siempre van a ser deficitarias. Sobre todo si quien tiene la obligación de asegurarlas según creemos (el Estado) no puede o no quiere hacerlo, o si los beneficiarios, generalmente los más pobres de entre todos, no tienen la capacidad ni los recursos para sostenerlas tras el cese de nuestra presencia. Estas evidencias nos llevan a ser muy cautos a la hora de planificar nuestro trabajo, para no despreciar por un lado lo que es justo y necesario, y no magnificar, por otro, solamente las actuaciones perdurables.

Es injusto exigir en el plano teórico a Estados o comunidades que han sufrido un embate de la naturaleza tan brutal como el que sufrió Centroamérica con el huracán Mitch, que sean capaces de asumir el mantenimiento de servicios de salud que pueden exigir una disposición de recursos a veces nada desdeñable. Si esta tragedia ya se está traduciendo en más pobreza sobre la previamente existente difícil va a ser en lo inmediato asignar responsabilidades que impliquen gastos. Es más, una comunidad que mejora su nivel de salud, y esto a veces es resultado de intervenciones más o menos puntuales si son eficaces, indudablemente se desarrolla y se sitúa en niveles más adecuados para asegurar todo lo necesario para su propia subsistencia y su desarrollo.

Muy pocas son las actividades que realizamos en las comunidades del Sur sobre las que tenemos el convencimiento de que son autoperpetuables. Si interpretásemos nuestra obligación exclusivamente bajo este concepto nos limitaríamos prácticamente a algunas actividades formativas de personal parasanitario, educación para la salud dirigida al común de la población, y a la construcción de alguna instalación sanitaria o a alguna pequeña obra de saneamiento ambiental que no necesitara mantenimiento, ni recursos humanos, ni renovación del equipamiento posterior. Sin embargo planificamos y ejecutamos permanentemente actividades que tienen un objetivo y un efecto sanitario en sí mismas. Y, yo diría más, estamos convencidos de que también trabajamos para el desarrollo de las comunidades cuando las efectuamos, y entendemos que su eficacia, tanto en términos humanitarios como en términos de mejora estructural, no solamente está ligada a su resultado inmediato, si no también a su alcance futuro para las comunidades más desprotegidas.

No quiere decir nada de esto que no se deba perseguir simultáneamente a las intervenciones más o menos asistenciales otros objetivos más a largo plazo. Pero en ellos, la combinación de condicionantes externos y el desarrollo integral de los mismos juega un papel básico y, pocas veces, controlable por nosotros. Analicemos, por ejemplo y habida cuenta de que comenzamos haciendo consideraciones sobre esta realidad, la situación de los países centroamericanos afectados por el Mitch. Es indudable que las actuaciones de las organizaciones de cooperación no gubernamental que nos dedicamos al desarrollo sanitario tenemos un compromiso y un trabajo de capital importancia en la actual fase de reconstrucción. Podríamos ya hasta definir bastante certeramente que nuestra actuación en esta fase se debe enfocar hacia la prevención y el control de epidemias, la utilización racional de medicamentos esenciales, la alimentación suplementaria de grupos vulnerables cuando esta sea precisa, la capacitación de personal parasanitario y de personal responsable de la gestión de proyectos a nivel municipal, la salud mental comunitaria y la atención preferente a los discapacitados, considerando en todos estos enfoques los diferentes marcos operativos y sus actores (puestos de salud, centros de salud, hospitales de primer nivel, promotores de salud, auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos).

Pero, con ser muy ambiciosa esta intervención en las zonas donde trabajamos, solo con el desarrollo simultáneo de otras áreas de intervención puede asegurarse a largo plazo aquél impacto que se traduzca en el desarrollo humano de las comunidades y, por tanto, en la disminución de la pobreza. Es decir se requiere que el Estado con o sin apoyo de otras entidades nacionales e internacionales ejecute a la vez acciones efectivas en vivienda, infraestructuras, seguridad alimentaria, prevención de catástrofes, democratización de sus órganos de decisión y gestión y descentralización de los mismos consiguiendo que en ellos participen los más necesitados. La inclusión de análisis y toma de decisiones específicos con planteamientos de género en todas esas áreas asegurará la eficacia y la equidad de sus resultados.

Es indudable que las mejoras que deben conducir al desarrollo humano pasan por una consecución de objetivos armónica, integral y simultanea, pero, en todo caso, como sanitarios que creemos en el desarrollo, la justicia y la acción humanitaria, nunca encontraremos una justificación para no cumplir con nuestras obligaciones en el hecho de que quienes tienen otras no las cumplan. Seguiremos dando apoyo de salud a las comunidades aunque continúen sin carreteras o aunque entendamos que el hecho de que sigan viviendo en viviendas insalubres esté actuando como un factor que juega en perjuicio de los avances en salud.

Estableceremos, en fin, que existen tres principios en el desarrollo de salud concebido a nivel global que deben acaparar la prioridad y dirigir las intervenciones pertinentes: el establecimiento de un sistema de valores universal en pos de conseguir la Salud para todos, que es algo más que un sistema de herramientas técnicas; la salud debe ser considerada como una pieza fundamental y la llave del desarrollo en sí misma; y el avance hacia sistemas de salud sostenibles.

La adecuada incorporación de estos principios a las políticas de salud debe considerar que la salud es un derecho humano básico, que la equidad es pieza clave en esas políticas y que todos los conceptos de eficiencia dependen en gran parte de ella, y que la ética, y la igualdad de género deben ser estimuladas en ellas.

Todos somos conscientes del negativo impacto que las políticas económicas neoliberales, están ejerciendo en la salud de los pueblos, en especial de los más pobres y abandonados. Pero cada vez somos más los que pensamos que la reorientación de esas políticas hacia objetivos de desarrollo y de lucha contra la pobreza es, indudablemente , además de necesario, avanzar hacia la mejora de la salud de los pueblos.

Convienen tan solo, y para que todo ello pueda articularse, decisiones políticas de los gobiernos que impliquen el reforzamiento de las administraciones locales, la redistribución justa de los recursos, el desarrollo de la cooperación técnica, y la priorización en todo este entramado de las poblaciones más pobres.

Deberíamos pensar que trabajamos como una diminuta pieza de un inmenso puzzle, y que es importante que cada cual vaya situándose en el lugar que le corresponde en el tablero asumiendo convenientemente su función, pero que en todo este proceso que debe traducirse en el desarrollo humano de quienes más lo necesitan, nuestra aportación puntual como organización humanitaria para resolver las necesidades más urgentes de quienes viven en la escasez crónica de bienes y servicios tiene un inmenso valor en sí misma, y no es justo que renunciemos a ella tan solo porque creamos que en otro momento nadie va a poder brindarla.


José Manuel Díaz Olalla
Junio de 1999
Texto publicado en el Boletín de MdM