La anunciada exclusión de los inmigrantes del Sistema Sanitario Público: además de una injusticia, un peligroso error

“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social” (Carta de Constitución de la OMS)

En su inmensa mayoría, las medidas de contención del gasto público, los recortes en lenguaje llano,  que está adoptando el gobierno del Partido Popular son, además de ineficaces,  extraordinariamente injustas porque castigan de forma desproporcionada a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, lo que agravará su precariedad y, en muchos casos, les dirigirán ineludiblemente hacia la exclusión social. Ante lo que parece inevitable podemos afirmar que los daños en derechos y en cohesión social que tales políticas van a producir  pueden ser muy serios e irreparables.

Pero de todas ellas debemos destacar una que resulta especialmente injusta e injustificable, insolidaria y peligrosa para el conjunto de la sociedad: la exclusión de la población inmigrante irregular del sistema sanitario público. Hablo de exclusión porque, en la práctica, así será si se cumplen las medidas anunciadas por el gobierno. Porque la sola atención a la embarazada, a los niños y a los adultos en situaciones urgentes,  lo único que se va a garantizar para esa población, implica que la inmensa mayoría de los problemas de salud que les afectan se van a quedar sin atender. Esto es así porque casi todos esos procesos requieren atención continuada (exploraciones complementarias, seguimiento de la respuesta a los tratamientos, intervenciones quirúrgicas programadas y diferidas, etc)  lo que se negará a estas personas a partir del 31 de Agosto de este año. Reforzando ese trato discriminatorio y desigual  en relación al resto de la población se les excluye también de todas las actividades de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud por lo que inevitablemente su salud empeorará y deberán soportar unas cargas de enfermedad y muerte excesivas, injustas  y evitables. El derecho a la salud, un derecho humano fundamental, pasa por garantizar una atención sanitaria de calidad, universal y equitativa para todos por lo que hoy en día es  completamente injustificable que ese derecho se pueda condicionar a determinadas características sociales o administrativas  de las personas, tales como la edad, el sexo, la posición social, la etnia, la religión o la posesión de determinados documentos  oficiales, como el permiso de residencia. Tener o no un papel es algo coyuntural y, muchas veces, arbitrario y no debe condicionar de ninguna forma el acceso a servicios básicos como la atención a la salud. Con seguridad que la población española, por mucho que se vea bombardeada persistentemente por tendenciosos mensajes negativos sobre esta población, no entenderá que sea un acto solidario brindar atención sanitaria de calidad a través de la Cooperación Española a población que vive en zonas rurales de Mozambique, por ejemplo, y no lo sea proporcionársela al vecino de enfrente porque, siendo extranjero, se quedó sin trabajo.

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Pero desde el punto de vista sanitario hay más errores en esta decisión que rompe definitivamente los principios fundamentales del nuestro Sistema de Salud, como los de universalidad y gratuidad en el momento del acto sanitario, pues sin duda a los extranjeros en esta situación les cobrarán la atención si recurren al mismo. Me refiero a la ceguera de no ver, o al desconocimiento de no anticipar, que excluir a más de 500.000 personas de un sistema que está vertebrado también sobre intervenciones de salud pública tales como la vigilancia epidemiológica,  incrementa los peligros para la salud del resto de la población de manera muy notable. En especial si es, como en este caso, un colectivo sometido a muchos más riesgos para la salud en relación a sus peores condiciones de vida y trabajo. Son las evidencias que nos aporta la observación en salud pública y esos  peligros para todos pueden verse paradigmáticamente representados por  enfermedades transmisibles tales como la Tuberculosis. Incluso  trasciende ese ámbito y esas previsiones pueden verse fatalmente cumplidas  en otro tipo de problemas de salud ligados a la pobreza y el abandono. En España conocemos muy bien los perjudiciales efectos que para los ciudadanos con dificultades y para  el conjunto de la población pueden tener los problemas de salud que afectan mayoritariamente a los colectivos que, por imperativo legal o por sus condiciones de vida, se sitúan fuera del sistema sanitario público. La epidemia de HIV/SIDA entre los adictos a sustancias por vía venosa es un buen y reciente ejemplo de ello.

¿Acaso ha pensado la Sra. Ministra quién va a vacunar a quienes se queden sin tarjeta sanitaria si no tienen con qué sufragar la compra de las vacunas? ¿Las hermanitas de los pobres? ¿Acaso depositar  la atención de los inmigrantes en instituciones de caridad o en ONG’s es lo propio de un país con nuestro nivel de desarrollo? ¿Se vende así la “marca España”? ¿Es que romper la unidad del sistema fragmentando  la atención sanitaria para dirigir a medio millón de personas a multitud de prestadores de servicios sin conexión entre ellos (ojo, se trata de nuevo  de la “beneficencia”)  nos va a ayudar a mantener el nivel de salud del conjunto de la población y a ser más eficientes?

Como en otros recortes, aquí se va mucho más lejos de lo necesario para aprovechar  la gran coartada de la crisis. Contra toda evidencia científica sectores políticos y mediáticos afines al actual Gobierno llevan tiempo buscando todas  las excusas posibles con tal de  argumentar el anunciado despojo a estas personas, las más vulnerables de todas, de un derecho  humano básico y fundamental: el derecho a una atención sanitaria de calidad, que en nuestro país es lo mismo que decir una atención igual que la del resto de los ciudadanos.  Se nos ha dicho reiteradamente que no tienen derecho porque no contribuyen y eso no es cierto. Cuando no  trabajan, aportan al sistema cada vez que pagan los impuestos indirectos con que se grava el consumo y cuando lo han hecho y se han quedado sin empleo, se verán expulsados del sistema ignorando todo el tiempo que hayan cotizado a la Seguridad Social, ya que el tener un trabajo, algo muy difícil incluso para una gran parte de los ciudadanos españoles, es condición indispensable para mantener el permiso de residencia y por lo tanto para no ser un “irregular” sin  derecho a tarjeta sanitaria. Se llega por fin en este país a lo que parecía imposible: que muchos extranjeros sean “trabajadores invitados”, es decir, sirven cuando trabajan pero cuando no pueden hacerlo se  les arrebata cualquier derecho. Es la famosa teoría del “kleenex”  finalmente implantada en España  en todo su esplendor:  tenemos trabajadores de usar  tirar.

Porque quienes defienden esas tesis conculcatorias se olvidan de que todos ellos, los inmigrantes, aportan y sostienen los servicios, aunque puedan quedarse sin empleo. No quieren ni oír hablar de estudios que indican que un porcentaje muy significativo del crecimiento registrado por la economía española en los últimos años antes de la crisis se debió a las aportaciones de los inmigrantes y que sin ellas el PIB per cápita hubiera caído un 0,6% anual en ese periodo (1).  Se olvidan, o lo esconden, quienes ahora quieren encontrar motivos para lo injustificable que según distintos informes del Banco Mundial Europa va a necesitar más inmigrantes si quiere reactivar su crecimiento económico y consolidarlo en el futuro (2).

Falsa resulta también la conocida explicación con la que intentan convencernos de lo necesario de esa medida,  de que estas personas consumen gasto social enorme e injustificadamente, en especial por su exorbitante frecuentación al sistema sanitario. Según parece es  inútil recordarles que el Banco de España afirma que la inmigración no ha aumentado el gasto social, sino todo lo contrario, con sus aportaciones ha disminuido el déficit de la Seguridad Social para afrontar las pensiones de los españoles (3).  O que en la Comunidad de Madrid, según una investigación financiada por la propia administración autonómica y realizada por Profesores de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid (4),  los inmigrantes aportan 12 veces más de lo que se gasta en ellos. O, en fin, que multitud de trabajos de investigación vienen coincidiendo en que los inmigrantes frecuentan menos los centros de salud y los hospitales y realizan menos gasto en el sistema sanitario que la población española, incluso tras ajustar  los datos por edad, sexo, posición socioeconómica y necesidad de atención (5) (6).

Se ignora todo eso, para desmontar sin pudor lo que ha sido un logro alcanzado con esfuerzo por multitud de organizaciones sociales y ONG’s  de este país  tras años de trabajo y que garantiza derechos fundamentales de las personas.  Una injusticia y un error sin paliativos que merece la pena ser revisado y corregido antes de que sea tarde. Pues tal y como afirmó, en inspiración visionaria, el antiguo Secretario General de Naciones Unidas, Annan,  hace unos años  ante el Parlamento Europeo:  “Si los países europeos responden adecuadamente al reto que plantea la inmigración saldrán reforzados, y si no es así caerá el nivel de vida para todos y habrá división social”  (7)

                                                                                                        José Manuel Díaz Olalla

(Entre la multitud de documentos denunciando esta situación que se están publicando en los últimos días  escojo y dejo el link del Manifiesto de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria (SEMHU). Pinchar aquí.
(Publicado en la revista Temas para el Debate, nº 211, Mayo de 2012)

(1)   “Informe sobre la economía española y el contexto internacional”, página 118, editado por la Caixa de Catalunya, disponible en:  http://www.catalunyacaixa.com/caixacat/es/ccpublic/particulars/publica/pdf/iee0706e0.pdf

(2)   Ver reseña del Diario de Sevilla sobre un Informe del Banco Mundial de Enero de 2011 en: http://www.diariodesevilla.es/article/sociedad/876659/europa/necesita/mas/inmigrantes/como/medio/para/frenar/racismo.html

(3)   “Comportamiento cíclico de las entradas y salidas de inmigrantes”.  Informes técnicos del Banco de España. Disponible en: http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/10/May/Fich/art2.pdf

(4)   “Impacto de la Inmigración en la Comunidad de Madrid” Ver en:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader

=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition

&blobheadervalue1=filename%3Dimpacto+macroeconomico+de+la+

inmigracion+en+la+comunidad+de+madrid.pdf&blobkey=

id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158610053292&ssbinary=true

(5)   “Diferencias en la utilización de los servicios sanitarios entre la población inmigrante y la población española”. Regidor, Enrique;  Díaz Olalla, José Manuel; Lostao, Lourdes; Pascual, Cruz; Sánchez, Elisabeth; Sanz, Belén.  Gac Sanit. 2009; 23 :4-11 - vol.23 núm Supl.1. Madrid. Disponible en: http://www.elsevier.es/es/revistas/gaceta-sanitaria-138/la-utilizacion-los-servicios-sanitarios-poblacion-inmigrante-13145730-originales-2009

(6)   “¿Es verdad que los inmigrantes copan los servicios sanitarios?”, Observatorio de Desigualdades en la Salud. Disponible en: http://www.ods-ciberesp.es/actualidad/ies-verdad-que-los-inmigrantes-copan-los-servicios-sanitarios.html

(7)   “Por qué Europa necesita una estrategia de inmigración”, Kofi A. Annan. Disponible en:

 http://elpais.com/diario/2004/01/29/internacional/1075330814_850215.html


Fotografía:  Diario Médico