No se puede considerar ni denominar “Ayuda Humanitaria” al pretendido envío de productos de primera necesidad impuesto por otros países a Venezuela. Tal calificación, según el Derecho Humanitario Internacional, los Principios Humanitarios y los que rigen las relaciones internacionales, tal como se recoge en la Resolución A/RES/46/182 de la 78a sesión plenaria de Naciones Unidas de 19 de diciembre de 1991, solo puede asignarse a la ayuda que comprenda determinadas condiciones y sólo a ella.
La ayuda debe brindarse ajustada exclusivamente a las necesidades de la población en situación límite y no puede contemplar ninguna condicionalidad ni buscar otros objetivos. El objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud y garantizar el respeto a los seres humanos (Principio de Humanidad), además de ser autónoma de los objetivos políticos, económicos, militares o de otro tipo que cualquier agente pueda tener respecto a las zonas donde se estén ejecutando medidas humanitarias (Principio de Independencia). Según parece ningún organismo independiente ha evaluado la situación de la población venezolana más castigada por la crisis y por las noticias que tenemos la condicionalidad y otros objetivos espurios están en la base de la propia y pretendida ayuda: servir de propaganda antigubernamental para cambiar el escenario político intentando crear a partir de su distribución una legitimidad paralela. Es decir que esta colaboración intempestiva se pretende por y para satisfacer otros propósitos mal disimulados y nada humanitarios de una de las partes en litigio, como es el cambio de gobierno, imponiéndosela a la otra que la rechaza, contraviniendo de esta forma las normas elementales que regulan este tipo de iniciativas internacionales. No solo eso sino que esta última evidencia nos lleva a concluir que puede generar más división, tensión y violencia, lo que es exactamente lo contrario de lo que deben buscar estas iniciativas, que no es otra cosa que salvar vidas, curar enfermedades y aliviar el dolor de las víctimas.
Para que se ponga en marcha la “Ayuda Humanitaria” debe ser solicitada por el gobierno legítimo del país afectado cuando comprende que la situación excede sus propias capacidades de solución o, en caso de que el gobierno no exista o haya colapsado, deben impulsarla los organismos de la ONU que tienen encomendada esa función. El gobierno legítimo de Venezuela es el que preside el Sr. Maduro porque así lo reconocen las Naciones Unidas, la OEA y hasta la UE-28, toda vez que los países que dentro de la Unión lo desconocen no han logrado el consenso necesario para alcanzar una postura unánime y, en este caso, aquél gobierno la rechaza por innecesaria e injerencista, señalándola como un componente más, y perfectamente planificado, del movimiento multifactorial que busca cambiar el sistema político venezolano desde el exterior.
Los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades ni en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico (Principio de Neutralidad) lo que tampoco parece cumplirse en este caso pues en ningún momento se ha disimulado la preferencia de quienes la exigen y la pretenden introducir en Venezuela (particularmente USAID, el organismo de los EEUU que se dedica a la cooperación al dictado del gobierno de aquél país) por el autoproclamado presidente Guaidó. Desde los albores del humanitarismo moderno son conocidos los frecuentes intentos de las partes involucradas en los conflictos por controlar la ayuda para, de esta manera, premiar a los suyos y castigar a los contrarios, incumpliendo así otro de los principios elementales de esa misión solidaria, el de la Imparcialidad, que nos exige que la acción humanitaria deba llevarse a cabo en función de la necesidad de la población, dando prioridad a los casos más urgentes y sin hacer distinciones sobre la base de la nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas, clase u opinión política. Sobre el anunciado y flagrante incumplimiento de este principio por parte de quienes promueven esta iniciativa no hay que extenderse mucho más.
Hay otro aspecto que no es baladí y que también se vulnera en este caso, el del respeto a las víctimas, que contempla, entre otras cuestiones, que es gravemente atentatorio contra su dignidad el hecho de que quien proporciona la ayuda sea el que ha infligido el daño. Los países más activos en este intento de imposición de ayuda (EEUU y el denominado “grupo de Lima”) son quienes más severamente han castigado al pueblo venezolano con las sanciones y el bloqueo comercial que le aplican desde hace algunos años. Esta conclusión es general entre los observadores internacionales de la crisis y ha sido expresada muy especialmente por el expresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero, buen conocedor de la realidad de aquél país.
No hace falta extenderse más para concluir que lo que se intenta aplicar a Venezuela con el falso señuelo de la “Ayuda Humanitaria” es uno más de los múltiples métodos que están ensayando algunos países para cambiar a su gobierno legítimo e inmiscuirse en sus asuntos internos. Quienes lo promueven no son independientes, ni neutrales en el conflicto, ni entre sus objetivos figura de forma preeminente aliviar la situación de necesidad de las personas afectadas por la crisis, pues contemplan otros objetivos más ajustados a sus intereses. Si realmente les moviera la atención a la necesidad extrema de la población, seguramente empezarían por dirigir esa ayuda a sus propios países, pues según la CEPAL Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú exceden la mortalidad infantil de Venezuela, duplicándola estos dos últimos, que son los mismos que superan en mucho la tasa de desnutrición crónica en niños de aquél país. A cualquiera le sorprende que estos mismos países se muestren tan complacientes y poco “invasivos” ante situaciones humanitarias mucho más dramáticas en la propia América Latina, como es el caso de Haití, ni que lo hayan sido en otras épocas en que la situación de Venezuela ha sido objetivamente mucho peor, precisamente cuando gobernaba la llamada oposición democrática que ahora lidera Juan Guaidó: la prensa de Caracas del 21 de noviembre de 1998 informaba que según datos de organismos internacionales en aquél país un 85% de las personas vivía en situación de pobreza total y un 45% en pobreza extrema.
Es extraordinariamente grave que se utilice la simbología, la nomenclatura y los conceptos propios del humanitarismo para otros intereses que no sean exclusivamente la supervivencia y el bienestar de las personas: a los ojos de muchos se convierte la ayuda en sospechosa y los trabajadores humanitarios en potenciales enemigos. Las consecuencias que ello tiene y tendrá en el futuro pueden ser devastadoras y quienes sufrirán sus efectos serán los más débiles. De la misma forma que es profundamente irresponsable poner a los organismos multilaterales pensados para la paz al servicio de la guerra. La “Ayuda Humanitaria” a la fuerza que se intenta imponer ahora fue planeada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a propuesta del llamado “grupo de Lima” y con el insólito y entusiasta apoyo del gobierno español del Sr. Sánchez, en septiembre de 2018. Asistimos por tanto a otro capítulo de una estrategia con perfecta planificación en la que cada cual asume su papel, que no busca, como se ha dicho, prioritariamente el bienestar de los venezolanos sino el cambio de su legítimo gobierno para controlar y apoderarse de sus recursos.
No basta con proclamar a los cuatro vientos que se rechaza una salida violenta a la crisis si se trabaja para lo contrario. Y apoyar a una de las partes, precisamente la que reclama permanentemente una sublevación militar y una invasión extranjera, como hace el autoproclamado Guaidó, en vez de sumarse a países como Uruguay o México que proponen diálogo, no es precisamente luchar por la paz y el entendimiento. Por mucha “Ayuda Humanitaria” con la que quieran disfrazar sus auténticas intenciones.
Manuel Díaz Olalla
Sociedad Española de Medicina Humanitaria (SEMHU)
(Publicado en febrero de 2019 en el Diario Público y en Actualidad Humanitaria)
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