(Otra entrega de la serie “Cuentas contra cuentos”, en apoyo a la campaña “ke_paguen x lo ke_ hacen”)
- Los responsables de las políticas públicas deben saber que las mismas tienen efectos en la vida, la supervivencia y el bienestar de la gente. Esto está demostrado hace años científicamente.
- Los políticos españoles son reacios a admitirlo y a asumir las responsabilidades correspondientes. Esta actitud contrasta con la de dirigentes de otros países de nuestro entorno.
- A falta de conocerse los datos oficiales definitivos, en 2012 y muy probablemente como efecto inmediato de los recortes en el gasto social global, caben esperarse unos 5.000 fallecimientos más de los esperables (un incremento de un 1,32%) si se hubieran aplicado otras políticas.
- No obstante y desbordando esas cautas previsiones en el primer semestre de 2012 en España se registraron 21.000 fallecimientos más que en el mismo periodo de 2011, lo que rebasa en más de un 9% lo asumible por contingencias coyunturales. Su relación con los recortes en gasto social es indiscutible.
- En la Comunidad de Madrid y como efecto directo de la privatización de la gestión de la sanidad pública pueden registrarse en 2013 unos 1.500 fallecimientos más de los que se producirían si continuara la gestión pública de los centros.
- Quienes impulsan estas políticas deberían responder ante la justicia por estos efectos.
El marco teórico.-
Un interesante estudio publicado con el título “Dying of
corruption”, de Sören Holmberg y Bo Rothstein, investigadores del The Quality of
Government Institute, Department of Political Science, Universidad de
Gothenburg, Suecia, y publicado en el Health Economics, Policy and Law (
Volume 6; Issue 04; Septiembre de 2011, pp 529-547) y accessible desde este link, demuestra,
tras un laborioso análisis de datos de más de 120 países de todo el mundo, que
los incrementos del gasto privado en salud o el desvío de fondos públicos hacia
la gestión privada de la sanidad provoca nítidas disminuciones de la esperanza
de vida en buena salud de la población y, a la vez, aumentos de la tasa de
mortalidad infantil y de la mortalidad materna, así como que esa circunstancia
se suele ver precedida de un control de la corrupción más laxo y poco exigente,
como si una cosa tuviera, indefectiblemente, que producirse antes de la otra.
Se puede resaltar también que según conocidos estudios epidemiológicos de base
poblacional, observacionales y alguno también analítico, se calcula que por cada 80 € en que
decrece anualmente el gasto social per
cápita se incrementa de media un 1% la mortalidad general (ver, entre otras, la
siguiente cita: “Salud 2000”, nº 139, Dic 2012, pag. 4).
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Efectos en la salud de los recortes sanitarios, el #expoliosanitario y la privatización de la #sanidadpublicadesigualdadesinjustas.blogspot.com/2013/01/efecto…
— Manuel (@este_mango) 7 de febrero de 2013
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