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jueves, 2 de abril de 2015

La insuficiente marcha atrás en el decreto de la exclusión sanitaria: políticas sin rumbo alejadas de los derechos de las personas

Foto: www.cuatro.com

El anuncio realizado por el Ministro de Sanidad el último día de Marzo de que se va a restituir el acceso a la Atención Primaria de Salud a las personas excluidas del sistema sanitario, la mayoría inmigrantes sin permiso de residencia, es, por encima de la constatación de un fracaso sin paliativos de las nefastas, cuando no ausentes, políticas sociales de este gobierno, una medida tomada desde el cálculo electoral y a regañadientes, que vuelve a poner en evidencia la realidad incontestable de que la salud no se contempla como un derecho fundamental de las personas.


El hecho de que los motivos esgrimidos para ello sean algunos de los que hemos manejado desde el punto de vista profesional quienes nos hemos opuesto siempre al Real Decreto de la exclusión sanitaria (RDL 16/2012), a saber, el colapso de las urgencias, lo que pone en cuestión el supuesto ahorro del gasto sanitario, y los problemas para la salud pública, es decir los riesgos que se han generado para la salud de todos los ciudadanos, no hace más que resaltar la falta de sensibilidad de quienes nos gobiernan hacia los problemas y el sufrimiento de las personas más vulnerables. Las organizaciones y personas que denunciamos el fin de la universalidad de la atención y la exclusión que impone tan lamentable decreto basamos nuestras reclamaciones en el ámbito de  los derechos elementales de las personas, mientras que el ministro Alonso, que tanto aplaudió en su día la entrada en vigor del texto legal por su aportación a eso de “poner fin al coladero” en que se había convertido el sistema sanitario público (sic), sitúa el anunciado parche en el ámbito instrumental de los perjuicios que provoca a la sostenibilidad del sistema, precisamente lo que se suponía iba a arreglar. 

(Nueva entrada en "Actualidad Humanitaria", "Diario Público" y "No le digas a mi madre que trabajo en salud pública". Para seguir leyendo clikar aquí: http://bit.ly/1FkmcZE)

lunes, 27 de mayo de 2013

El fallecimiento del senegalés Alpha Pam sin atención sanitaria: sólo la punta de un enorme iceberg



Alpha Pam de 28 años, fallecido en España sin atención sanitaria por una enfermedad prevenible y curable, mucho antes de alcanzar los 59 años de edad en que se sitúa la esperanza de vida en su país de origen



EL FALLECIMIENTO DEL SENEGALÉS ALPHA PAM SIN LA DEBIDA ATENCIÓN SANITARIA: SÓLO LA PUNTA DE UN ENORME ICEBERG
El reciente fallecimiento por Tuberculosis Pulmonar del inmigrante senegalés Alpha Pam en Baleares sin la debida asistencia sanitaria no es, ni siquiera, la crónica presentida de una muerte anunciada a pesar de que muchos habían advertido sobre estos riesgos desde hace tiempo. Es, eso sí, la punta de un inmenso iceberg. Sólo una de las miles de personas que en nuestro país en este momento pueden estar muriendo, enfermando o sufriendo innecesariamente dolor o discapacidad sin recibir la atención que necesitan por la aplicación estricta de una legislación injusta, ineficaz y dudosamente compatible con la Constitución, promulgada por el Gobierno del PP y aplicada con exceso e inmerecido entusiasmo por gobiernos autonómicos y gestores que han renegado de sus obligaciones como administradores de los recursos públicos y como profesionales de la salud, si es que alguna vez lo fueron.

No todos ellos, los que padecen esta injusticia, son negros o amarillos, hablan con un acento diferente o carecen de papeles en regla. Muchos son españoles que han agotado las prestaciones por desempleo, por ejemplo, o no cotizan a la Seguridad Social, o, sencillamente, no pueden pagar lo que ahora les exigen por los medicamentos que precisan. Porque según el nefasto Real Decreto 16/2012 que consagra la exclusión sanitaria en nuestro país, las personas que no están “aseguradas” sólo tienen derecho a la atención por motivo urgente, debido a enfermedad grave o accidente hasta el alta médica, incluyendo también el embarazo, parto y postparto, no tienen, además, asignado médico de cabecera ni especialista sanitario y deben abonar íntegramente el coste de los productos sanitarios y las recetas médicas. Desde entonces, colectivos profesionales y organizaciones sociales se han encargado de explicar que, sobrepasando incluso la profunda inmoralidad de esta legislación que castiga innecesariamente a los más desfavorecidos, existe un importante riesgo para todos los ciudadanos cuando se deja sin atención y sin vigilancia epidemiológica a quienes por sus difíciles condiciones de vida tienen más riesgo de contraer algunas enfermedades potencialmente peligrosas para la colectividad. Alpha Pam, antes de morir, infectó a 20 personas de su entorno, pero pueden ser cientos las que compartieron con él espacios públicos, medios de transporte, tiendas o, incluso, la sala de espera del Hospital de Inca en donde se le negó la atención adecuada a pesar de comprometerse a pagar la factura de su asistencia. Todos ellos podrían haber sido infectados, y, posiblemente, algunos, además de los 20 localizados, lo fueron aunque no lo sepan aún y aunque ahora no vayan a desarrollar la Tuberculosis que han podido contraer.

Los brotes de Tuberculosis son frecuentes tras la aparición de un caso bacilífero, como lo era el inmigrante senegalés, alcanzándose tasas de ataque secundario entre los contactos del 12% (de cada 100 contactos censados se registran 12 infecciones o reinfecciones). La mayoría de ellos se contagian en el ámbito familiar y laboral, mientras que las líneas de transmisión observadas se producen mayoritariamente en la misma comunidad en que reside el enfermo. Más del 30% de los casos provocados por el enfermo sin controlar son menores de 15 años con formas graves en algunas ocasiones y una mortalidad nada despreciable (2%).

No es cierto, como ha dicho la ministra Mato en sede parlamentaria, que este caso sea una anormalidad que nada tiene que ver con su reprobable Real Decreto sino que se trata, más bien, de un problema de mala praxis de los profesionales que tan cicateramente dejaron de aplicar al senegalés la atención debida y protocolizada. Y no lo es porque la ley es deliberadamente ambigua, precisamente para que se pueda hacer lo hecho por la ministra: eludir la responsabilidad del legislador en sus efectos, situando todo el peso de la prueba en el profesional que diariamente se ve obligado a tomar decisiones contrarias a su obligación y a su compromiso deontológico de atender a todos los que lo necesitan, sean “asegurados” o no lo sean. Porque una vez que se restringen los derechos, los excesos al aplicar las medidas, por afición o por confusión, tienen todo el camino allanado.

No atender al inmigrante fallecido fue una decisión injusta e inhumana, además de inútil en términos de ahorro económico, pues un caso que podría haberse tratado y curado con menos de 300 euros ha contagiado a muchos contactos que deben ser tratados y vigilados durante muchos meses, con el costo que eso conlleva, sin conseguir, además, evitar el efecto más perjudicial de la falta de atención: el fallecimiento de una persona. Y en esta cadena de sucesos queda ejemplarizado el efecto perverso de esta ley que la ceguera, la ignorancia o el dogmatismo de sus impulsores no acaba de ver y admitir: restringe derechos fundamentales de las personas, lo que puede producir un daño irreparable e irreversible en su salud, afectar al conjunto de la población, incluso a la que no ve recortada, directamente, su derecho a la asistencia, para, finalmente, no producir el supuesto ahorro económico sino provocar, muchas veces, más gasto público.

Como en tantos ámbitos de la vida pública los responsables de estas medidas deberían responder por los efectos que ellas provocan, como los profesionales de cualquier ámbito lo hacen por sus errores y las consecuencias de las mismas. Si además ellas están sustentadas o son aplicadas por profesionales de la salud que han adquirido por la propia naturaleza de su profesión un compromiso ineludible con los enfermos de proteger su vida, con la población de evitarle los riesgos innecesarios para su salud y con sus compañeros de oficio de cumplir el código deontológico y ético que debe presidir su actividad, además de lo previsto en las leyes vigentes se les debería aplicar también la normativa profesional que, tan banalmente, se comprometieron a respetar.

José Manuel Díaz Olalla


El Presidente balear Bauzá y el Conseller de Sanidad Sansaloní,  del PP, muy diligentes en la privatización del sistema de salud y muy poco en asegurar la necesaria asistencia sanitaria pública a quienes la necesitan


(Publicado en SistemaDigitalhttp://www.fundacionsistema.com/News/AlDiaDetail.aspx?id=4652)
(Texto publicado en la web de la Fundación Sistema http://www.fundacionsistema.com/)

viernes, 26 de abril de 2013

Triste Aniversario


PRIMER AÑO DEL DECRETO QUE INSTAURA LA EXCLUSIÓN SANITARIA Y EL COPAGO

PRIMER AÑO DEL DECRETO QUE INSTAURA LA EXCLUSIÓN SANITARIA Y EL COPAGO
Vivimos estos días el triste primer aniversario del Real Decreto Ley 16/2012 cuya entrada en vigor supuso una auténtica contrarreforma sanitaria que, como ya hemos señalado en otras ocasiones, además de sanitariamente perjudicial para la ciudadanía e ilegítimo es, también y ante todo, inhumano, injusto e injustificable. Porque supone el desmantelamiento efectivo del Sistema Nacional de Salud tal y como lo conocíamos en nuestro país hasta entonces, esto es, universal, gratuito en el acto sanitario, financiado por los impuestos y gestionado por las Administraciones Públicas, que garantiza la atención a todos los ciudadanos sin distinguirlos entre asegurados, no asegurados, beneficiarios o excluidos del mismo.


(Texto publicado en la web de la Fundación Sistema. )


lunes, 4 de agosto de 2008

Utilización del sistema sanitario por parte de la población inmigrante: ¿uso o abuso?



Este tema, controvertido y polémico, está de candente actualidad y con frecuencia es enarbolado por algunos que pretenden extender la idea de que existe un claro exceso de uso del Sistema Sanitario por parte de la población inmigrante, que por tanto lo emplea mal, es decir muchas veces sin necesidad y que todo ello incrementa el gasto sanitario en nuestro país de manera desproporcionada. Se llega , incluso, a plantear que el hecho de que exista un sistema sanitario universal, de calidad y de fácil acceso para todos es uno de los “reclamos” que con más claridad impulsa a muchos extranjeros a venir a nuestro país.

Muchos datos al respecto, y sin duda en la dirección contraria a la de estos planteamientos, podrían aportar nuestros compañeros que en el Centro de Salud Internacional de Madrid Salud, concretamente desde la consulta para inmigrantes con dificultades de acceso al sistema sanitario, atienden a algunos de estos extranjeros, seguramente a los que viven situaciones más precarias. El Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid ya apuntaba con claridad al menor uso que la población inmigrante hace de estos servicios (Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, pag. 140 a 147), pero recientemente se han dado a conocer los datos más relevantes de un estudio multicéntrico a gran escala realizado en nuestro país y en el que he tenido el gusto de participar en nombre del Instituto de Salud Pública de Madrid Salud, que orienta la realidad con claridad hacia esta evidencia de una menor utilización.

Se trata de un trabajo en el que se han utilizado las bases de datos de diferentes Encuestas de Salud realizadas en nuestro país recientemente (de 2004 a 2006) y entre las que se encuentra la nuestra de la Ciudad de Madrid de 2005. Por tanto en total se ha valorado la información recabada de más de 30.000 encuestados, siendo el objetivo de esta investigación evaluar hasta qué punto la utilización de los servicios sanitarios en la población inmigrante es similar al de la población nacida en España, a igual grado de necesidad de asistencia sanitaria. Y es este punto el que plantea, a mi modo de ver, la aportación conceptual y metodológica más interesante en relación a otros trabajos realizados en nuestro país: no se trata tan sólo de eliminar (“ajustar”) en la comparación de ambos grupos (inmigrantes y autóctonos) el efecto de las distintas composiciones que ambos tienen en variables demográficas (edad, sexo) o socioeconómicas (clase social, nivel educativo), circunstancias que con claridad pueden alterar la sustancia de este análisis comparado, sino también el de alguna variable que denote necesidad de atención. Para ello se ha manejado información que existía en todas las encuestas y que, valorada en cada grupo, permite inferir de manera indirecta necesidad de uso del sistema sanitario: la autopercepción del estado de salud o la presencia de una enfermedad crónica. Por ello podemos analizar la utilización no sólo como si ambos grupos tuvieran la misma composición en edad, sexo y posición socioeconómica, sino también similar necesidad de atención.

Desde el punto de vista de la ética e indudablemente también de la metodología, estos trabajos se fundamentan en dos principios: el primero es que todos los seres humanos, independientemente de su sexo, edad, raza, origen o cualquier otra condición personal o administrativa, tienen derecho a una atención sanitaria de calidad y, el segundo, que el objetivo del Sistema Nacional de Salud en España es conseguir que todos los ciudadanos logren una utilización similar de los servicios sanitarios a igual grado de necesidad de asistencia.

A partir de los datos de las encuestas, con las particularidades metodológicas que he comentado y tras estudiar el uso de la consulta del médico general, del médico especialista, de los servicios de urgencias, la hospitalización, los servicios médicos privados (dentista y médico especialista privado) y los servicios médicos preventivos (mamografía y citología vaginal) se concluye que la población inmigrante en España utiliza con menor frecuencia que la población española la mayoría de los servicios sanitarios, si bien este patrón general varía en relación a algunos servicios sanitarios, al lugar de procedencia de la población inmigrante y al ámbito geográfico estudiado (Ciudad de Madrid, Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana).

La consulta al médico general y la hospitalización constituyen los servicios sanitarios en los que se ha encontrado una menor diferencia en su frecuentación entre ambas poblaciones, mientras que las mayores diferencias las hallamos en la consulta al médico especialista, en la utilización de servicios preventivos y de algunos servicios privados, como el dentista y otros especialistas privados.

En relación a otros lugares, en la Ciudad de Madrid se observa una alta frecuencia de utilización de los servicios del médico general y de hospitalización por parte de la población procedente de África. Por otro lado la población procedente de América Central y del Sur presenta una frecuencia relativamente más alta de utilización de los servicios de urgencias en todas las encuestas (Utilización Servicios de Urgencias).

En algún ámbito geográfico, como la Comunidad Valenciana, se aprecia que la población procedente de los países ricos presenta una frecuencia mayor de utilización de los servicios del dentista y otros especialistas privados, quedando evidenciado en este hallazgo la limitación al acceso inherente a las posibilidades de los bolsillos de los pacientes cuando los servicios no son cubiertos por un sistema sanitario público, universal y gratuíto.

Puede descartarse la posible diferencia en la frecuencia de problemas de salud entre la población inmigrante y la población española o la posible diferencia en la situación socioeconómica entre ambas poblaciones como probable explicación de los hallazgos. Sin embargo no se ha podido contrastar otras hipótesis, como el entramado administrativo, o las razones culturales, lingüísticas o religiosas que podrían dificultar el acceso efectivo a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, aunque los hallazgos obtenidos apoyan la idea de que algunas de esas circunstancias podrían darse en algunos servicios sanitarios. Tal es el caso de las consultas al médico especialista y la utilización de los servicios preventivos.

Por último y como evidencia de interés también obtenida en este estudio y aunque siempre se analizan estos datos en relación a la población inmigrante económica y no a la inmigrante que procede de países de alto nivel de renta, éstos muestran un comportamiento de utilización similar en la mayoría de los servicios sanitarios a los inmigrantes procedentes de los países pobres.

En fin, los resultados más relevante del trabajo pueden analizarse en la página web de la Fundación Ciencias de la Salud, que auspició el mismo con financiación de la Comunidad de Madrid, o a través de los links:

http://www.fcs.es/publicaciones/diferencias_utilizacion_servicios_sanitarios_poblacion_inmigrante_poblacion_espanola.html.

http://www.actasanitaria.com/fileset/doc_44942_FICHERO_NOTICIA_5229.ppt

http://www.elsevier.es/revistas/ctl_servlet?_f=7016&articuloid=13145730&revistaid=138

Resulta evidente que otra de las grandes aportaciones que hacen este tipo de estudios es la de contemplar la realidad de la población general, casi toda población sana, que está en su domicilio. Son por tanto estudios poblacionales y dan una dimensión muy distinta a la que ofrecen otros trabajos realizados sobre población “institucionalizada”, es decir, que está en una sala de espera o ingresada en un hospital. Es conocido el hecho de que la población que habita las instituciones de salud no representa nunca a la población general de la que procede, sino y en todo caso, a la submuestra de población que ha sentido el impulso de buscar atención. Y es importante hacer esta salvedad pues con frecuencia los sanitarios entendemos la realidad que nos rodea a través de lo que vemos por esa ventana estrecha que es nuestra sala de espera. Y es ahí, además, donde la población inmigrante es, por sus rasgos diferenciales, mucho más visible. Al menos en parte, de esta percepción desfigurada surge el mito del abuso que supuestamente hacen del sistema sanitario.

Abuso que, como se ve, los análisis poblacionales, tercamente, se encargan de no querer demostrar.

Manuel Díaz Olalla
(Agosto 2008) (Publicado en la web www.madridsalud.es/blog)