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| González Laya en Colombia con niños venezolanos (Europa press) |
Recientemente hemos conocido que la ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC), Arantxa González Laya, realizó un viaje de trabajo a Colombia en el transcurso del cuál visitó la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, con el fin de “conocer la realidad de los migrantes venezolanos”. El interés por ese conocimiento se justifica, entre otras cosas de las que hablaremos a continuación, porque España “aporta ayuda humanitaria para prevenir la COVID-19 en las personas refugiadas y migrantes venezolanas” (la cursiva es mía), siendo esta una iniciativa de calado, nada coyuntural ni al ritmo que marca la pandemia, sino que antes de la COVID-19, nos aseguran, España se puso “al frente de las donaciones para atender a los migrantes venezolanos” (noticia de octubre de 2019).
Nada que decir de tan loable interés si no fuera porque la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) insiste en incluir los fondos que destina a tal fin y que Cáritas, Acción contra el Hambre y Cruz Roja Española ejecutan en el terreno, entre los exiguos recursos que dedica a la Ayuda Humanitaria (62 millones de € en 2019, el 6,5% de la Ayuda Oficial al Desarrollo -AOD- bilateral y el 2,35% de la ayuda neta total), lo que decididamente no es, por mucho que los pongan bajo la gestión de la devaluada Oficina de Acción Humanitaria y a pesar de que la nota de prensa en que se anuncia incluya en el párrafo final: “La Oficina de Acción Humanitaria de la AECID se encarga de la gestión y ejecución de la acción humanitaria oficial de España, en base a los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia”.
