sábado, 15 de diciembre de 2012

Crisis en la sanidad madrileña o "Tratado de Parasitología Parte I (Etiopatogenia y Antecedentes Familiares)"






En Julio de 2011, durante el Curso sobre” Investigación, desarrollo e innovación de salud en España” que se celebró en la Universidad Jaume I de Castellón  tuve la ocasión de escuchar la ponencia que presentó Alfonso Bataller, alcalde de esa bella ciudad y, años atrás, Director General de Asistencia Sanitaria de la Generalitat Valenciana, con el título de “El modelo Alzira, resultados de interés”. En las últimas semanas, y en la medida en que ha ido “in crecendo”  la contundente respuesta de profesionales y pacientes a la declarada intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid de privatizar la gestión de multitud de hospitales y centros de salud, siguiendo  el mismo modelo inaugurado en aquél hospital levantino, he vuelto a rememorar aquélla sorprendente disertación del médico y político valenciano.

Ningún resultado, contradiciendo así el título de su discurso, presentó Bataller del discutido modelo a pesar de ostentar el dudoso título de impulsor de dicho experimento. Y no los hay porque los responsables políticos de estas iniciativas jamás han consentido evaluaciones independientes, mientras que los de las que ellos realizan los guardan en lo más recóndito de algún cajón de su despacho, convirtiendo así en “acto de fe” el supuesto ahorro y las mejoras que introduce. Pero hubo tres aspectos que, a mi modo de ver, sobresalieron del triunfalista discurso delatando  sin duda cuáles son los elementos claves de la “innovación” de la gestión  sobre los que se hace rentable la iniciativa para las empresas que parasitan este sector público, el auténtico objetivo del modelo y que son:  el sometimiento de los profesionales sanitarios a los intereses económicos de las empresas a costa de modificar las relaciones laborales preexistentes en el sentido de priorizar el interés de aquéllas sobre los de los pacientes, la restricción tanto de personal como de servicios sanitarios fundamentales a los que pueden acceder los usuarios y la derivación de los que se prevé que van a ocasionar mucho gasto (básicamente enfermos mayores o con enfermedades crónicas) a otros hospitales, estos sí de gestión pública, donde los recursos habrán menguado por la sangría que provoca el propio sistema de transferencias público-privadas, sufriendo la  calidad asistencial un fuerte deterioro.

Hubo detalles significativos de su disertación que no me resisto a obviar aquí por lo ilustrativos que me parecieron. Uno fue cuando alardeó del entusiasmo que despierta en los foros ultra-liberales donde presentan este modelo todo lo que tiene que ver con la conculcación de muchos derechos laborales de los trabajadores sanitarios y cómo esto sólo es posible tras ningunear o anular el papel de los sindicatos a través de la modificación de la legislación que regula las relaciones  laborales (obsérvese aquí que hablamos de lo que ocurrió antes de que llegara la actual reforma laboral). Otro fue el relato de que cuando comenzaron a llegar, en los primeros años de este experimento, resultados negativos para las cuentas de las empresas adjudicatarias se procedió a identificar cuáles eran las causas de ello, resultando de entre las más evidentes el hecho de que los médicos de atención primaria del área sanitaria, aún bajo la gestión pública, derivaban “demasiados” pacientes al hospital privatizado por lo que, ni corto ni perezoso, se tomó la decisión más adecuada (para las compañías, no para los pacientes): privatizar también los centros de salud del área del hospital para someter también a los trabajadores del primer nivel asistencial al nuevo marco de relaciones laborales, aquél que determina que el trabajador que genera mucho gasto puede ser despedido o privado de algún complemento salarial.

No he olvidado la perplejidad con que gran parte del auditorio asistimos a tan inusitada ponencia apreciando “en vivo y en directo” la soltura con la que algunos responsables públicos parecen relegar el bien común, esto es la salud de los pacientes y los derechos de los trabajadores, a  un segundo plano ante los beneficios económicos de unos pocos. Hay datos de la tan referida experiencia que, aunque el munícipe no los aportara, es posible conocer  porque son de dominio público. La “experiencia Alzira”  comenzó en 1.999 con el Presidente Zaplana, dotando inicialmente a la asociación de empresas adjudicatarias (Adeslas, Dragados y Construcciones, Lubasa, Bancaixa  y la CAM) con 204 euros por habitante potencialmente beneficiario y año, aunque en ese monto no entraban los gastos de farmacia, prótesis, transporte sanitario y oxigenoterapia que seguían financiados con fondos públicos. Se disminuyó enormemente la ratio personal sanitario por paciente rebajándosele a aquéllos, además, el salario de forma muy importante  registrándose, a pesar de todo eso, grandes pérdidas en los primeros 4 años de funcionamiento. Fue entonces cuando la Generalitat valenciana rescató a las empresas adjudicatarias con 69 millones de euros de todos los españoles para, en premio por su excelente trabajo, volverles a adjudicar, a las mismas, un nuevo contrato de gestión. Este nuevo contrato se extendía, también, a los centros de salud de la zona de influencia del hospital, tal y como se comentó, incrementando entonces, eso sí, la cantidad que se les paga por cada paciente residente en la zona, hasta convertir al Hospital de la Ribera de Alzira en un centro masificado cuya gestión es más cara y de peor calidad que la de los demás hospitales públicos valencianos consiguiendo que, por fin y ahora sí, obtuvieran beneficio las empresas parasitantes.

Es este mismo modelo caro, despilfarrador, ineficiente, inequitativo, discriminatorio y de baja calidad el que pretende ahora instalar en la Comunidad de Madrid el gobierno del PP, con el objetivo no de ahorrar, como pregonan, sino de beneficiar a las empresas privadas en un sector que hasta ahora se había salvado con bastante eficacia de esta rapiña privatizadora. Ante la opacidad en los datos  que muestran  los responsables públicos que impulsan estas medidas algunas organizaciones profesionales y científicas han buceado en la bibliografía internacional y han sacado a la palestra, como hizo el Presidente de los Colegios de Médicos de España, Dr. Rodríguez Sanín, que esta fórmula básicamente ha sido un fiasco allá donde se ha puesto en marcha, que nunca ha demostrado mejor eficiencia en la gestión sino, casi siempre, más gasto y peor calidad en la asistencia, pues según un ambicioso estudio publicado recientemente  en el “British Medical Journal”, el Reino Unido, donde se iniciaron estas experiencias en época de la Sra. Thatcher,  ha gastado un billón y medio de euros como consecuencia de esta política privatizadora por lo que, ahora, intentan rescatar los hospitales afectados y devolverles al sistema público ante el desastre económico producido, así como que en Italia se ha objetivado un importante incremento de la mortalidad entre los pacientes que son tratados en estos centros privatizados.

Hay que ser poco optimistas sobre el futuro de la sanidad pública madrileña a pesar del rotundo rechazo a los planes privatizadores del PP que está manifestando la ciudadanía, profesionales sanitarios, trabajadores de la salud y pacientes. La incapacidad de respuesta y el enrocamiento de los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid demuestran lo que nos imaginábamos: que no es posible la vuelta a atrás de estas políticas porque los compromisos adquiridos desde que la Sra. Aguirre comenzara a construir los Hospitales que ahora pretenden privatizar son, en la práctica, irreversibles y el jugoso negocio sobre el que se monta la operación y las redes clientelares que ya se han establecido tienen atados de pies y manos a gestores y empresas.  En realidad, y como muchos pensábamos, estas medidas no son fruto de la inexperiencia y el desapego por lo público de los actuales dirigentes de la comunidad madrileña, sino que asistimos una etapa más de una estrategia iniciada hace al menos 6 años y cuyas ramificaciones están más arraigadas de lo que se pensaba. Unas recientes declaraciones de Ignacio González manifestando que el proceso de privatización “es inevitable”, lejos de resultar convincentes han sonado más bien al reconocimiento de la impotencia  de quien se ve atrapado, aunque no quisiera estarlo tras el masivo rechazo provocado por sus intenciones, por compromisos ineludibles que, ahora más que nunca, debe conocer en profundidad y con todo lujo de detalles la ciudadanía agraviada.

Mientras todo esto pasa y la indignación crece muchos no olvidan algo que queda como un penoso borrón que ahonda aún más el divorcio de los ciudadanos con las dos grandes fuerzas políticas nacionales y que en parte explica cómo este desafecto afecta también al PSOE, hoy en la oposición, e incrementa la sensación demasiado extendida de que ambas defienden los mismos intereses de los grandes grupos financieros y desarrollan, básicamente, las mismas políticas: el PP hoy no podría privatizar la sanidad pública si el PSOE no hubiera apoyado en su día con sus votos la Ley 15/97 que convierte, de facto, el sistema sanitario público en un mercado donde cualquiera puede meter la mano para comprar y vender  lo que es propiedad de la gente comprometiendo algo que es fundamental:  el aseguramiento de un derecho de todos los ciudadanos.



Manuel Díaz Olalla














(Un día después de escribirse esta modesta crónica de la infamia política y social, y sin duda sin ninguna relación con ella, el grupo socialista en el Congreso de los Diputados presentó una moción instando la derogación de la lamentable Ley 15/97,que tanto daño ha hecho ya a la sanidad pública española. Como era previsible dicha petición fue tumbada por el rodillo del PP. Todo esto ocurre mientras cae lo que está cayendo y tras múltiples declaraciones de destacados miembros del PSOE negando que la tan citada norma sirviera para la privatización del sistema sanitario público. Los hechos, tozudos, se han encargado de mostrarnos lo contrario, como así lo determinaron sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia en la que se sienta que la barbaridad del Hospital de  Alzira es legal porque la ampara la Ley 15/97.
“A buenas horas mangas verdes” como titula su artículo sobre este tema Nines Maestro, cuya lectura es imprescindible para entender lo que pasa, y por qué, alrededor de la privatización sanitaria. Se puede acceder a él desde este link: http://www.lahaine.org/index.php?p=65876  )

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