Hace unos días una madre recogía dinero entre sus amistades para pagarle el sueldo por unos meses a una investigadora con el objeto de que avanzase en el estudio de una rara enfermedad que aqueja a su hija. El Centro de Investigación público en el que trabaja, iba a despedirla por falta de fondos.
Hoy vimos en televisión a los alumnos de un Instituto público de Valencia, en clase, arropados con mantas que habían traído de sus casas porque no tienen calefacción. El centro escolar hace meses que no paga sus facturas porque no recibe fondos de la Generalitat.
La Vicepresidenta del Gobierno, de Santamaría, anunció hoy que van a promover una ley para que acabe en la cárcel el gestor público que gaste más de lo que tiene. O sea que si el responsable del centro de investigación público permitiera que la investigadora siguiera investigando o si el consejero de educación valenciano pidiera un crédito para pagar la calefacción del Instituto de Xirivella, podrían acabar entre rejas.
Según cuentan las crónicas, de hacer una ley para que respondan de sus actos los políticos que han conseguido des-regular los mercados hasta poner al Estado, o sea el que debería garantizar los derechos de la gente, a los pies del capital y de los bancos, de eso, no dijo nada.
Falta de respeto se llama eso.
¿Entienden ahora por qué, según las encuestas, los políticos son el principal problema para los españoles, incluso mucho más que el terrorismo?
Me entienden ahora cuando les digo que nada se podrá arreglar si no conseguimos que los políticos dejen de ser irresponsables. O sea, si no conseguimos que respondan, ante la ciudadanía y ante los tribunales, por las cosas que hacen y han consentido en contra de la gente.
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